La creación de una empresa privada de seguridad, que tendría como base incluir a jóvenes que hayan realizado el servicio militar, es una de las propuestas que el sector pesquero artesanal maneja como alternativa para tratar de reducir en algo el elevado índice de inseguridad y de siniestralidad durante las diferentes faenas en alta mar.

El mecanismo forma parte de una serie de planteamientos realizados el martes pasado por la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) durante una reunión con autoridades de los ministerios de Defensa y de Seguridad Interna y Externa, donde se explicó la situación que enfrentan ante el aumento del índice delictivo a nivel marítimo.

En la cita también estuvieron representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) y de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea), organismos vinculados con el control y desarrollo de esa actividad económica.

Gabriela Cruz, presidenta de la Fenacopec, explicó que este pedido nace tras el análisis de las “alarmantes cifras de siniestralidad” que ocurren durante las diferentes faenas pesqueras, “con el robo de motores fuera de borda, embarcaciones e implementos (radios, GPS, baterías, combustible y artes de pesca), además de lamentables casos de desaparición y fallecimiento” de algunos de sus miembros.

Según Cruz, esto repercute negativamente en la productividad del sector pesquero artesanal, especialmente en los últimos tres años, donde se registra un aumento delictivo hacia las tareas marítimas.

Las provincias del perfil costero ecuatoriano que presentan los más altos índices de siniestralidad son Esmeraldas, Santa Elena y Guayas.

De allí que el gremio plantea la creación de una empresa de seguridad privada, que estaría financiada, según el plan inicial, con recursos propios que provendrán del pago por el combustible de pesca artesanal.

Adicionalmente se insistirá en la instalación de un sistema de rastreo satelital (Smart One), el cual ya habría sido aprobado por el sector y que sería ubicado en las embarcaciones. Sin embargo, la propuesta es que el Estado cubra con el 100% del costo total del equipo. Para iniciar con el mismo se tiene planteado establecer un plan piloto que incluiría a 5.000 unidades.

Cruz reclamó, además, que las autoridades encargadas de llevar el respectivo control marítimo “no han logrado contrarrestar las acciones delictivas” debido, supuestamente, a la negligencia de los funcionarios designados en las Capitanías y Comandos, así como la acción judicial hacia los infractores marítimos que, según el gremio pesquero, presenta muchos vacíos legales, lo cual impide una correcta sanción.

El contralmirante Carlos Vallejo Game, principal de la Dirnea, aseguró que, en cuanto al robo de motores y embarcaciones, se reforzarán los patrullajes en las áreas de mayor incidencia de delitos, como la zona aledaña a Puerto Bolívar conocida como “La Fosa”.

Precisamente, el mes pasado el Ministerio de Interior entregó dos modernas lanchas equipadas con sistemas tecnológicos de última generación, con GPS, navegación nocturna, comunicación internacional, cámaras de Flirk y una fuerza en su motor de 300 caballos que le permite alcanzar una velocidad de hasta 92 kilómetros por hora al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) para el uso de las operaciones fluviales en el Golfo de Guayaquil y otras acciones de servicio a la comunidad.

Según el ministro José Serrano, hasta el 2015 el GIR contará con 8 lanchas para fines acuáticos, con la diferencia de que las otras seis serán construidas en los Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave).
Mientras tanto, informó Vallejo al final de la reunión, las autoridades del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y de la Dirnea acordaron reunirse en los próximos días para revisar los mecanismos de seguridad planteados por la Fenacopec.