En 2 días una mujer, que por asfixia provocó la muerte de su bebé de un año y 15 días, fue procesada y puesta en prisión por presunto homicidio, después de la audiencia en la Unidad de Flagrancia de Pichincha. La instrucción durará 30 días.

En esa diligencia, el fiscal fundamentó su argumentos en el informe médico legal de la autopsia, el cual determinaría que la muerte del recién nacido se habría producido por asfixia y obstrucción de las vías respiratorias; y por las versiones de los policías que detuvieron a  la mujer en situación de flagrancia.

El promedio de sentencias es de 90 al mes en las unidades de flagrancia del Consejo de la Judicatura (CJ), por la efectividad y celeridad con la que actúan, fiscales, defensores públicos y jueces, según el presidente de este organismo, Gustavo Jalkh.

Las primeras unidades de Flagrancia empezaron a funcionar en Quito y Guayaquil, luego se instalaron en  otros cantones del país como Ambato, Quevedo, Babahoyo, y Manta. “Las unidades de flagrancia son un modelo de gestión específico para que, con el debido proceso, se pueda, rápidamente, judicializar un delito flagrante y llegar a sentencia lo antes posible, si estamos hablando de un delito verdaderamente flagrante”, manifestó Jalkh durante un recorrido por las obras judiciales de construcción en Quitumbe.

Las unidades de flagrancia son dependencias que cuentan, en un solo lugar, con jueces, defensores públicos, policía especializada, peritos que determinan los daños materiales y un equipo técnico social (médico, trabajadora social y psicólogo) para evaluar la situación de las víctimas, con el fin de restituir sus derechos en el menor tiempo posible. Atienden a los usuarios las 24 horas del día, mediante turnos rotativos.

“Este modelo de flagrancia se ha convertido de alguna manera en un referente regional. Y ha llamado mucho la atención a otros países”, sostuvo el funcionario judicial.

Plan piloto en Tumbes

Precisamente, el presidente del CJ está en el camino correcto al decir que las unidades de flagrancia han despertado el interés de otros países, recientemente Perú pidió replicar este modelo de justicia en su territorio.

El 11 de agosto, un grupo de magistrados y funcionarios judiciales de la Corte Superior de Justicia de Perú visitó al director provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, Rómulo Espinoza, para conocer el trabajo de las dependencias que conocen los delitos flagrantes.

Al término de esta visita se acordó que un grupo de 15 administradores de justicia peruanos realice pasantías y se capacite en las unidades judiciales de Huaquillas y Machala. Estos conocimientos los replicarán en un plan piloto en los órganos de flagrancia que se implementan en Tumbes, Perú.

“Con las herramientas que adquirirán sus funcionarios, durante su estancia en El Oro, se contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia de su país”, dijo Henry Huertas, jefe de la Oficina desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima.

Panamá aplicará sistema

Otro país también está interesado en replicar en su país el modelo del sistema de estadísticas judiciales y los mecanismos de coordinación interinstitucional, que emplea la Judicatura ecuatoriana, es Panamá.

Cinco funcionarios del Ministerio Público de Panamá cumplieron la última semana una pasantía de 5 días en Ecuador. “Esperan implementar en nuestro país la plataforma informática que utiliza el CJ para obtener estos datos estadísticos, dijo Humberto Ríos, analista de la Fiscalía panameña. (I)