El accidente aéreo en el que fallecieron el presidente Jaime Roldós Aguilera, su esposa Martha Bucaram de Roldós y otros personeros del Gobierno se registró el 24 de mayo de 1981. Han pasado 34 años y tres meses del hecho y aún no hay una teoría valida del porqué se produjo el percance. Es precisamente por esta situación que la Fiscalía tomó a cargo la investigación de este caso.

En una visita que efectuó la semana pasada el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga Zambrano, a Guayaquil, El TELÉGRAFO tuvo la oportunidad de dialogar sobre los avances de esta indagación, así como las gestiones efectuadas para la creación de la Corte Penal de Unasur y cómo la interpreta la independencia judicial.

¿Cómo se organizó la Fiscalía para indagar el caso Roldós?

Este caso se inició de un hecho que ocurrió hace más de 34 años, y eso implica dificultades, para lo cual hemos elaborado un plan que tiene tres vertientes.

La primera consiste en analizar qué pasó concretamente en el accidente de aviación, en el que murió el presidente Roldós.

Para ello, hemos requerido alguna información que ya la tenemos en el expediente, como los informes de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de Ecuador, el reporte elaborado por los fabricantes de las turbinas y algún otro informe, que los llevamos a Brasil para que técnicos en aviación los verifiquen y analicen, y nos den su aval sobre lo que dicen esos documentos.

Pero, como todos los informes se basan en los restos del avión siniestrado, ellos me han solicitado que quieren analizar esas evidencias; y, por lo tanto, estamos pidiendo al Ministerio de Defensa que indiquen dónde están los restos de esa nave, para que los peritos brasileros puedan verificarlos.

¿En la reunión de Brasilia se fijó la venida de los técnicos?

Obviamente, los peritos brasileños tendrán que venir a Ecuador, porque se requiere observar los restos del avión.

¿La familia Roldós conoce de estos pormenores?

En la reunión de Brasilia estuvo presente Santiago Roldós, en representación de la familia Roldós Bucaram; el embajador de Ecuador en Brasilia y la Fiscalía. El acta de esa reunión la enviarán por la vía de la asistencia penal.

¿En qué consistió la segunda vertiente de este caso?

En este punto, la indagación está relacionada con el proceso de adquisición de la aeronave, es decir, los trámites legales y contractuales que se efectuaron.

¿Y cuál es la tercera vertiente en el tema Roldós?

Es el entorno político internacional. Como en el proceso tenemos una evidencia de que en Ecuador se practicó el Plan Cóndor, estamos trabajando con las autoridades de Uruguay, Brasil y Argentina. En ellos investigamos la información que puedan tener en relación a las acciones específicas que el Plan Cóndor ejecutó en Ecuador y si en esas acciones hay alguna mención en relación a la muerte del presidente Roldós.

Cuando concluyamos todo eso, tenemos un objetivo claro: darle al país una evidencia documentada, técnica y sostenible de cuál fue la razón por la que ese avión se accidentó; si se siguieron los pasos legales en el proceso de contratación de la aeronave, y finalmente, si en el Plan Cóndor hubo una acción específica en el caso del presidente Roldós. Buscamos tener certeza y disipar las dudas.

¿En qué consistía el Plan Cóndor, desde su punto de vista?

El Plan Cóndor tiene varias actividades: desestabilización de gobiernos, aplicación de programas de exterminación por la vía de desapariciones, asesinatos y de tortura de gente que el Plan Cóndor definía como ‘enemigos de la democracia’. Esto era parte de la Guerra Fría y, por tanto, ahí murieron muchas personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Y queremos saber si estas personas tuvieron que ver o no con el accidente del presidente Roldós.

¿Qué pasará después de que concluya la indagación?, ¿se procederá judicialmente?

Yo diría que tendríamos que esperar la conclusión de la investigación para saber exactamente qué destino le vamos a dar a este caso. Pero no me cabe duda de que cualquiera que sea el resultado de la indagación, si judicial o no, lo que queremos es que Ecuador sepa cuáles fueron realmente, y técnicamente demostradas, las causas de la muerte del mandatario Jaime Roldós Aguilera.

¿Cómo la Fiscalía ha ido formando la idea de una Corte Penal para América Latina?

Hace tres años la Fiscalía empezó esta iniciativa con un documento muy elemental, el cual ya tiene mayor precisión, de tal manera que, incluso, se definieron los tipos penales que pueden ser materia de competencia de la Corte, así como algunos lineamientos generales de lo que podría ser el procedimiento. Este avance es posible, gracias a las discusiones desarrolladas en los foros de Venezuela, Colombia, Mercosur, Chile, y próximamente se lo hará en Perú.

También lo hemos presentado al Secretario General de la Unasur, quien ha manifestado su criterio favorable de que exista una Corte Penal.

¿Qué dificulta la aplicación de justicia en casos de delitos transnacionales?

Para esos delitos graves, que son fruto de la acción internacional del crimen organizado, no tenemos al momento dónde judicializarlos. Lo que hacemos ahora es juzgarlo parcialmente. Lo que queremos es que esos delitos, que causan efecto en dos o más países, puedan ser juzgados en la perspectiva de un delito transnacional en una Corte que tenga competencia en los países de la Unasur.

¿Cuándo estará listo este proyecto?

Estimo que en el primer semestre de 2016 podríamos presentarle al Presidente de la República un texto que sea lo suficientemente elaborado, consensuado y trabajado para, que si él lo considera conveniente, se lo muestre a sus colegas presidentes de la Unasur.

¿Cómo concibe la independencia judicial?

El riguroso proceso de selección de fiscales y jueces les da la garantía de actuar con independencia al momento de administrar justicia. (I)