Las 430 notarías del país deberán -a partir del próximo 1 de junio- someterse a las nuevas reglas aprobadas por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).

El vocal de esa entidad de control, Fernando Yávar Umpiérrez, indicó que el principal cambio está enfocado en los  recursos adquiridos por las notarías, ya que parte de las ganancias generadas a través de este servicio serán reguladas. 

Mediante resolución Nº 033-2012, el pleno del CJT diseñó una tabla (ver gráfico) para que el Estado reciba un porcentaje del ingreso bruto percibido  por cada una de las notarías. Dicho monto dependerá de las ganancias facturadas cada mes. Por ejemplo, si el lucro de una notaría  es de entre $ 5.000 y $ 10.000, la participación del Estado es del 5% (ese es el porcentaje mínimo).

Mientras que lo máximo por desembolsar puede llegar al 51%, solo en caso de que el ingreso mensual de ese despacho supere los $ 60.000. “Este es un negocio rentable en el que el Estado solo se encargaba de designar al notario. Ahora tenemos que vigilar que se distribuyan bien los ingresos”, indicó Yávar.

La disposición tercera de la resolución del CJT narra que “a la notaría  le corresponderá  asumir de sus ingresos los costos de la administración general de su despacho, su propia remuneración y el cumplimiento de las obligaciones laborales de su personal”.

El escrito aclara que “en ningún caso el Estado deberá erogar valor alguno por estos conceptos”. Mediante una circular, Carlos Marx Carrasco, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), notificó a los titulares de cada  dependencia las nuevas reglas por cumplir a partir del 1 de junio.

Parte de esa misiva señala que “los valores del servicio notarial que le corresponden al Estado no son objeto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. En este sentido, el valor del servicio notarial que le corresponde al Estado, no constará desglosado en la respectiva factura emitida por su servicio prestado y su pago, de conformidad con lo señalado en la Ley”.

El incumplimiento de la nueva disposición atraerá sanciones de diversos tipos. Por ejemplo, si los responsables de la oficina no realizan el depósito del monto correspondiente al Estado, deberán pagar una multa del 3% del valor que le corresponde desembolsar por la fracción que se encuentra en mora.

En relación con  los valores correspondientes a las  tasas notariales, Yávar aclaró que “ahora se reducen los costos   dependiendo del trámite, pero todas las tasas van a la baja, ya sea en menor o mayor grado, esto significa  un beneficio para los ciudadanos”.

Similar opinión tiene Christian Palacios, encargado de la Notaría Segunda del cantón Cuenca. “Es muy buena la medida, no creo que los cambios afecten la operatividad de este servicio”, acotó.

A criterio de Ruth Dávila Heras, notaria pública del cantón El Guabo, lo más destacado de los cambios es que baja el valor de las declaraciones juramentadas e información sumaria. “Esto se da por propia petición de los notarios”.

Es así que el costo de ese documento tendrá desde junio un valor equivalente al 5% de un Salario Básico Unificado (SBU). En la actualidad está en el 10%.

En relación al otorgamiento de poderes especiales o generales, así como los relacionados con sociedades comerciales y financieras, baja del 14% al 10% del SBU.   

Nuevo concurso

El vocal del CJT reveló que para julio próximo se tiene previsto convocar un concurso para la designación de los  notarios titulares. “Se debe recordar que los actuales 430 encargados de estas dependencias están en funciones prorrogadas. Todos deben ir a concurso”, recalcó.

Acotó que a esta acción se sumará la creación de nuevas notarías a nivel nacional, ya que “hay una cantidad de cantones que en su momento no tenían la misma cantidad poblacional que tienen ahora”.

Aclaró que también establecerán las remuneraciones mensuales que deben percibir los funcionario y se fijará un bono por eficiencia.

Todos estos cambios se dan en cumplimiento del  artículo 199 de la Constitución, el cual narra que “las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios y las tasas que deban satisfacer los usuarios, serán fijadas por el Consejo de la Judicatura.

Los valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General del Estado, conforme lo que determine la ley”.