Los sospechosos comparecieron a través de videoconferencia

Pandilleros reciben pena de 390 años de prisión

- 26 de mayo de 2017 - 00:00
La sentencia se divide en 35 años por cada víctima, más cinco por el delito de organización terrorista.
Foto: diario1.com

Los condenados, que pertenecen al grupo ‘Barrio 18’, participaron en la masacre de 11 trabajadores en 2016.

La Libertad, El Salvador.-

Un tribunal de El Salvador condenó a 390 años de cárcel a cada uno de los siete pandilleros acusados por la masacre de 11 trabajadores de una empresa eléctrica cometida en marzo de 2016.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de su cuenta Twitter, indicó que el Juzgado Especializado de Sentencia A dictó “condena de 390 años de cárcel para cada imputado ligado a la masacre de San Juan Opico. Los siete miembros de la pandilla ‘Barrio 18’ cumplirán una pena de 35 años por cada homicidio y cinco más por organizaciones terroristas”.

La legislación salvadoreña considera “terroristas” a bandas delictivas como las pandillas, cuya guerra a muerte por el control del territorio para el narcotráfico y la extorsión desató una espiral de violencia en el país. El Código Penal establece una pena máxima de 60 años de cárcel por el delito de homicidio.

La pandilla ‘Barrio 18’, es  una de las más peligrosas del país centroamericano y tiene células que operan desde Centroamérica hasta Canadá, incluido Estados Unidos. El número de integrantes oscila entre 30.000 y 50.000, según Insight Crime.

Otros dos menores de edad fueron condenados el 24 de octubre de 2016 a penas de 15 y cinco años de prisión en un centro de internamiento de jóvenes por ese crimen.

La masacre, que conmocionó a los salvadoreños, ocurrió el 3 de marzo de 2016 en la comunidad rural Agua Escondida, unos 30 km al norte de San Salvador. Las víctimas fueron 8 empleados de una compañía eléctrica y 3 jornaleros.

Los pandilleros escucharon su sentencia desde la prisión por medio de videoconferencia.

Durante el juicio, uno de los imputados declaró que cometieron la masacre por equivocación, porque buscaban a pandilleros rivales.

Entre las pruebas que incriminan a los imputados figuró un video de cómo se cometió la masacre y que la Policía decomisó a uno de los involucrados. Tras el crimen, el gobierno impuso severas medidas de seguridad y suspendió todo tipo de visitas en las seis cárceles que albergan a más de 16.000 pandilleros.

La condena récord en El Salvador se impuso a un miembro de la Mara Salvatrucha, quien fue sentenciado en 2014 a 730 años de prisión tras ser juzgado por 50 casos, incluyendo 15 homicidios. (I)

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