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Padres de la teniente del Ejército Blanca Jaramillo piden justicia

John Coppiano, junto a una periodista, en la Fiscalía de La Merced, donde se investiga una de las causas de la familia Jaramillo.
John Coppiano, junto a una periodista, en la Fiscalía de La Merced, donde se investiga una de las causas de la familia Jaramillo.
Foto: Cortesía Holger Gavilánez
03 de noviembre de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

A los dos meses de cumplirse tres años del lamentable accidente de la teniente del Ejército Blanca Yulimey Jaramillo Murillo, sus padres Félix Rafael y Nila del Pilar continúan la batalla legal para conseguir justicia.

Las tres acciones legales que presentaron ante los jueces no han tenido la atención del debido proceso, aún más cuando el director nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan Vizueta, a través de su estudio jurídico, interviene como defensa de John Coppiano, pareja de la víctima, y quien reclama el seguro y demás beneficios que dejó la oficial del Ejército, señala Holger Gavilánez, abogado de la familia Jaramillo Murillo.

El accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2015, en circunstancias que la teniente Jaramillo conducía el auto de su novio John Coppiano, que la acompañaba junto al militar Luis Ángel Guanaga.

Los tres salieron de Quito con dirección a la provincia de El Oro, porque en el cantón Pasaje vive la familia de la uniformada. A la altura de la carretera que une Juján y Yaguachi, cantón Milagro, provincia de  Guayas, el vehículo se volcó.

El cuerpo de la teniente salió disparado del carro y ella falleció de inmediato, su novio quedó herido y el militar abandonó el sitio.

Tras el percance y las exequias, la familia se enteró de que Coppiano intentaba cobrar el seguro militar de Blanca Jaramillo como único beneficiario por tener una relación de hecho, lo que no se dio por la intervención jurídica de la familia de la joven.

Gavilánez indicó que por la muerte de Blanca presentaron una acción penal por muerte culposa, la cual no prosperó y se archivó.
También plantearon una acción penal por documento falso, ya que la firma que consta en el escrito notarizado de unión de hecho, presuntamente, es falsa, según las pericias efectuadas, indica el abogado.

Y la tercera es una acción civil de nulidad de instrumento público para que se anule la unión de hecho. Los dos últimos casos están paralizados, y no se atienden los requerimientos judiciales de la familia que exige justicia. (I)

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