Organizaciones de Derechos Humanos respaldan el proyecto que despenaliza el aborto por violación

En el proyecto incorpora la obligación de implementar políticas cuando los niños sufren violencia.
16 de marzo de 2021 13:01

"El horror que viven las víctimas de violación, solo se compara con el horror de saberse embarazadas". Fue la frase con la que Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, manifestó su respaldo para que se apruebe el aborto por violación a niñas y adolescentes, tal y como lo propone el proyecto del nuevo Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Comisión ocasional, presidida por la asambleísta Encarnación Duchi, ratificó la disposición reformatoria cuarta del proyecto, donde se plantea incluir un texto en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referente al aborto no punible.

Esta propuesta abre la posibilidad de que las menores tengan la opción de decidir la interrupción del embarazo si así lo desean. De ser así, que tengan acceso a atención de salud.

En una rueda de prensa ofrecida este martes 16 de marzo, se realizó un análisis del proyecto de norma. De la Torre reconoció que fue acertado que el nuevo código planteara impulsar una política de protección para los niños y adolescentes a una vida libre de violencias y eso incluye a la despenalización del aborto por violación.

La representante de Fundación Desafío señaló que sería un avance la aprobación de esta norma. No obstante, reconoció que también hay que ver qué ocurriría con el veto presidencial. Y añadió que el tema todavía está en la Corte Constitucional (CC), que todavía no se ha pronunciado.

Rocío Rosero, representante de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, señaló que la sociedad ecuatoriana no resiste más violencia. "Necesitamos una legislación especializada que aborde estos temas", dijo.

Rosero advirtió que el Estado "ha hecho de oídos sordos" la erradicación de este problema. Reiteró que no se suficiente tener una Ley contra la violencia en el papel, sin planes, sin presupuesto, sin estructura", mencionó.

La representante señaló que los candidatos presidenciales deben tomar en cuenta que la aprobación de esta norma obedece a una demanda ante una "emergencia social", que debe constituirse en una agenda mínima para la aplicación de programas de prevención de violencia. Y eso significa sostener las unidades judiciales especializadas, que por ahora son 39, pero deberían ser 89.

Berenice Cordero, de Dignidad más Derechos, añadió que este proyecto de ley se mantiene en los estándares internacionales.

De otra parte, la CC, en 2019, fue muy clara para definir los estándares del artículo 175 de la Constitución que dispone establecer dos sistemas de los operadores especiales. Uno para proteger los derechos y otro en materia de especialidad penal adolescente. Y la CC ratifica esos criterios de acuerdo a los estándares internacionales. (I)

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