“La Policía tiene que dar paso a la detención inmediata del expresidente Rafael Correa. Así lo dispone el estamento jurídico ecuatoriano”, sentenció Armando Navarro, experto en derecho penal, al ser consultado sobre la situación legal que se presenta para el expresidente Rafael Correa.

El sábado 17 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de la Policía Judicial emitió un telegrama a través del cual dispuso la “localización y captura” en contra del exmandatario y de los exfuncionarios de su gobierno Vinicio Alvarado, Walter Solís y Yamil Massuh.

La orden fue confirmada por el Ministerio del Interior y solo se aplica para Ecuador. También dispone boleta de encarcelamiento para el exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien ya cumple 6 años de prisión en la cárcel de Latacunga por su participación en la trama de sobornos del caso Odebrecht.

La disposición se conoció tras el dictamen de la jueza Daniella Camacho, quien ofició a la Policía y a la Interpol para que procedan a la captura de involucrados, dentro del caso Sobornos 2012-2016 (Arroz Verde), que versaría sobre aportes ilegales de contratistas del Estado al movimiento Alianza PAIS.

Correa radica en Bélgica, mientras que Alvarado se encontraría en Venezuela.

Mauro Terán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que si bien es la segunda orden de captura en contra de Correa, hay que esperar a que se cumplan los trámites para que se active la alerta ante la Interpol.

Para ello se tiene que enviar datos del procesado, así como la causa y los motivos del pedido. Navarro, por su parte, cuestionó por qué hasta el momento no ha sido detenido el exmandatario.

Recordó que está vigente la orden de detención en su contra por el caso de plagio contra el exasambleísta Fernando Balda y que incluso el Ministerio del Interior de España negó el pedido de asilo al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, cercano a Correa.

Terán añadió que en este caso la Interpol no aceptó dar la orden de detención a Correa, con lo que se complicó su proceso de extradición, por lo que habrá que esperar qué respuesta se da con este proceso. “Eso es cuestión de cómo actúe la jurisdicción ecuatoriana”, dijo.

Esteban Tejada, abogado en libre ejercicio, recordó que el dictamen de la jueza Camacho fue apelado, pero reiteró que no se suspende la orden de detención. (I)