En los padres de “Nachito” (nombre protegido) hay dolor. Llevan cinco años con una batalla legal por la discapacidad mental del 38% que tiene su único hijo.

Según Henry Valdiviezo, padre del menor, el niño ingresó el 27 de noviembre de 2014 a un hospital, en el norte de Quito, para una exploración laparoscópica testicular.  

La médico Yolanda G. indicó a los padres que la intervención era de un solo día. “Nachito” fue dado de alta el mismo 27 de noviembre. Según contó la madre, Sandra Ojeda, los problemas llegaron esa misma noche.

El pequeño tuvo fiebre alta y lo llevaron a otro hospital, en el sur quiteño, cerca de su casa. Después de exámenes médicos determinaron que tenía líquido en el intestino.

Este segundo hospital no se responsabilizó por ese hecho y lo regresaron al hospital en el cual lo operaron.

Según la madre de “Nachito”, allí la doctora Yolanda G. les explicó que hubo una perforación intestinal. Ella cree que eso se produjo porque usaron un equipo laparoscópico de adulto y no de niño.

Problemas cerebrales

Yolanda G. volvió a operar al niño y lo dejaron en terapia intensiva. La mamá de “Nachito” contó que la auxiliar Cecilia H. calentó sueros en una hornilla y los puso en las piernas del pequeño. Eso le provocó quemaduras de tercer grado.

El papá de “Nachito” dijo que por esas lesiones se le veían hasta los huesos y que le hicieron varios injertos.

Según los padres, en esa unidad de terapia intensiva el pequeño no recibió el cuidado del personal (enfermera Lidia Z. y médico intensivista Miriam V.) y él mismo se quitó los tubos de oxígeno. Eso le causó una afectación cerebral.

Ojeda indicó que el examen pericial determinó que a "Nachito" pudieron ponerle mantas sin necesidad de los sueros hirviendo, "y peor estos implementos sin vigilancia".

Estimaron que al  menos 10 minutos o más le colocaron los sueros y por ello se produjeron  las quemaduras.

El pequeño, según la mamá, también tiene afectado el nervio óptico, producto de los problemas neurológicos.

Ojeda reiteró que su hijo tuvo una infección generalizada producto de las malas prácticas médicas desde la operación hasta su permanencia en terapia intensiva.

Los padres del niño interpusieron en 2015 un juicio en contra de los especialistas de ese hospital. El miércoles 13 de febrero, en el Complejo Judicial Norte fue la audiencia preparatoria de juicio por el delito de lesiones por malas prácticas médicas.

El abogado Juan Pablo Albán, defensor de derechos humanos durante años, llegó desde EE.UU. para representar a la doctora Yolanda G.

Albán y el resto de abogados de los acusados pidieron la nulidad del proceso legal. Dijeron, entre otros argumentos, que la reconstrucción de los hechos no se produjo en terapia intensiva. También señalaron que en un mismo proceso se están juzgando el procedimiento quirúrgico y la atención en terapia intensiva cuando son dos momentos diferentes. 

Albán subrayó que Yolanda G. actuó apegada a la ética profesional.

Hace dos años, según Albán, Yolanda G. fue sobreseída. Un fallo de la Corte Provincial de Pichincha le vuelve a vincular al proceso.

Para el abogado, no hubo negligencias al darle el alta ese mismo día. Detalló que ese es el "procedimiento ordinario, los protocolos de cirugía no invasiva pediátrica; es decir observación por horas y alta en el curso del mismo día".

Sobre la perforación del intestino, Albán detalló que no se registra en qué momento se produjo este hecho. Recordó que  puede "perforarse por corte o por golpe".

Albán señaló que "hubo primera negligencia de los padres en el cuidado posterior postoperatorio del niño, negligencia que se manifiesta en que pudo provocarse una perforación allí, así como que ellos se dan cuenta que el niño está mal la noche del 27 pero lo llevan el 28 al hospital".

Estas expresiones del abogado de la médico rechazan tajantemente los padres, quienes señalan que siguieron todas las indicaciones médicas que les dieron.

Sobre Yolanda G., Albán dijo que es cirujana pediátrica y que por años fue la jefa de cirugía . Además destacó que en los últimos 5 años realizó más de 1.000 operaciones laparoscópicas. Además que estudió en la República Checa y tiene un título de PHD.

Mientras la fiscal Claudia Romero señaló que las pruebas se realizaron con base jurídica y en los tiempos procesales determinados. "Han pasado 5 años y el niño no encuentra justicia", dijo. 

Sobre el por qué no se realizó la reconstrucción en el mismo lugar de terapia intensiva, Romero fue clara y señaló que es un área de atención médica, en donde no se podía desalojar para realizar las pericias. 

Romero recordó que los abogados no se opusieron a estas pericias. 

La defensora pública, Daysi Tipán, defiende a la pareja. Pidió que el bien superior del niño prevalezca en este caso y que hasta el momento no tiene una respuesta. "El niño tiene derechoa la verdad y reparación integral y hasta el momento no hay una respuesta judicial". 

La resolución de la jueza Ortiz se conocerá este sábado 16 de febrero, a las 10:00. (I)