La Comisión de Fiscalización de la Asamblea definió el cronograma de comparecencias para que los involucrados presenten las pruebas de cargo y de descargo como parte del trámite de inicio de un posible juicio político al contralor, Carlos Pólit, por supuesto incumplimiento de funciones. La Comisión hizo la notificación al Contralor para que, en máximo 15 días, entregue las pruebas a su favor.

El Contralor fue citado mediante correo electrónico y por escrito para que se presente en la Comisión de Fiscalización el 27 de junio, a las 15:00. La notificación también se hará a través de los tres medios de comunicación de mayor audiencia.

Asimismo, se notificó la comparecencia en ese mismo plazo de los 63 asambleístas que firmaron en respaldo a la iniciación del trámite para juicio político, para que presenten sus pruebas. Ellos declararían el próximo miércoles.

María José Carrión, presidenta de la Comisión, indicó que en caso de ser necesario se solicitará la presencia del contralor subrogante, Pablo Celi, y la fiscal subrogante, Thania Moreno. El fiscal general, Carlos Baca, declarará este viernes a las 10:00; y el Consejo de Participación Ciudadana el próximo martes, a las 15:30.

Raúl Tello, legislador amazónico, pidió la comparecencia de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Carrión dijo que en la próxima reunión de la comisión se definirá esto. Daniel Mendoza, proponente de juicio político, afirmó al momento que solicitó “información relevante” a la Contraloría.

Silvia Salgado habló de la necesidad de una base de preguntas para que exista orientación en las declaraciones de los comparecientes.

Corren los plazos para Pólit

Desde el lunes pasado se dio inicio al trámite para un posible juicio político contra el contralor, Carlos Pólit, quien tendrá hasta el 27 de junio para presentar sus pruebas, ya sea de forma presencial o por escrito.

El primer paso para iniciar el proceso es la notificación al funcionario acompañado de la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, según establece el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Allí se menciona que en un plazo de 15 días (27 de junio) el imputado podrá ejercer su derecho a la defensa, donde presentará las pruebas de descargo.

Al mismo tiempo, la Comisión de Fiscalización notificará, en similar plazo, a los 63 asambleístas solicitantes para que presenten pruebas.

La mesa legislativa podrá solicitar pruebas de oficio siempre y cuando haya decisión de la mayoría de los integrantes. Una vez calificado el trámite, el enjuiciamiento político “continuaría sin necesidad de las firmas correspondientes”.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene la obligación de brindar las facilidades y el apoyo técnico que la Comisión  requiera.

Luego del 27 de junio, la Comisión, según el artículo 82 de esta normativa, deberá remitir al titular de la Asamblea, en el plazo de 5 días, un informe que detalle los motivos del archivo del trámite o del inicio del mismo. De ser necesario, la mesa legislativa podrá solicitar una prórroga de hasta cinco días.

El artículo 85 establece que la Asamblea, tras el voto de la mayoría, tiene la facultad de proceder a la censura y destitución del Contralor. En cambio, el artículo 205 de la Constitución señala que en caso de darse el enjuiciamiento y de proceder a la destitución se deberá realizar un nuevo proceso de designación. La ley estipula que en ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo. (I)