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El Telégrafo
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Dictan medidas cautelares contra exdirector General del IESS por irregularidades en compra de mascarillas

Dictan medidas cautelares contra exdirector General del IESS por irregularidades en compra de mascarillas
Tomada de Twitter de la Fiscalía.
01 de septiembre de 2020 - 09:48 - Redacción Justicia

Un proceso penal contra el exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Miguel Ángel L., inició la Fiscalía General del Estado. 

El proceso también se sigue para otras seis personas más, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, por un aparente sobreprecio en la contratación de insumos médicos (mascarillas) por parte de esa institución, en el contexto de la emergencia sanitaria decretada en el país. 

La identificación de esta presunta red, se realizó gracias a las labores investigativas a cargo de la Fuerza de Tarea

Según informó la Fiscalía, al finalizar la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías Penales dictó medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salida del país, para el exdirector, al igual que María A., Carolina C., María B., Rosa A., Juan M. y Abraham B.

La disposición de la jueza se dio a pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, especialmente para Miguel Ángel L., ya que el ciudadano se ha acudido a dar su versión, ni ha colaborado en las investigaciones.

Entre los principales elementos de convicción presentados por Fiscalía para sustentar la acusación se incluyeron: la orden de compras, suscrita por el exdirector del IESS al inicio de la pandemia, por un valor de $ 10,2 millones, acción que no era parte de sus atribuciones, ya que el exfuncionario solamente tenía permitido firmar contratos de hasta $ 7 millones.

Además, existirían inconsistencias en el proceso de contratación. Por ejemplo, no se contó con un estudio de mercado para determinar la oferta más favorable para esa institución.

Asimismo, se presentó un informe de triangulación de llamadas telefónicas en el que se evidenció una conexión entre los procesados para beneficiar a la empresa a la que se adjudicó el contrato.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días. (I)

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