Los últimos casos de abusos sexuales en unidades educativas fiscales del país evidencian que no se cumplieron los denominados ‘protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación’.

El instructivo, colgado en la página electrónica del Ministerio de Educación, define a las instituciones educativas como ‘espacios donde se deben potenciar relaciones sanas y la erradicación de cualquier tipo de violencia’, lo cual no ocurrió ni en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil ni en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural bilingüe Mushuk Pakari de la parroquia Calderón de Quito.

En el plantel guayaquileño, habrían sido abusados sexualmente un centenar de estudiantes, según la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón. En la Capital, un solo maestro ultrajó sexualmente a 84 niños. Así lo revelan las investigaciones policiales.  

El documento para la prevención de la violencia en los planteles fue elaborado en diciembre de 2012, casi un año después del caso de abusos sexuales a 41 niños en la Academia Aeronáutica mayor Pedro Traversari (Aampetra) de Quito, donde en el 2016 se logró detener y sentenciar a José Luis Negrete Arias, profesor autor de los hechos. 

Los protocolos fueron fijados tras un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Consejo de la Judicatura y Fiscalía y actualizados este año durante la gestión del exministro de Educación, Freddy Peñafiel Larrea.

El instructivo aborda diferentes tipos de violencia, tales  como la negligencia, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual; “a esta última se le otorga una especial importancia al considerarla como un tipo de violencia que tiene fuertes repercusiones en la dimensión personal y socio cultural del ser humano y que suele estar invisibilizada”.

Cero tolerancia a los abusos

La Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil permanece intervenida para garantizar la integridad de los estudiantes y las investigaciones sobre los abusos. Foto: William Orellana

Bajo este contexto, el actual titular de la cartera de Educación, Fander Falconí, hizo pública su posición de cero tolerancia y cero impunidad para los casos de violencia en los planteles educativos del país e hizo un llamado a sus directivos para que actúen con diligencia.

Además, este 18 de octubre, el funcionario envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para evitar la caducidad de las sanciones administrativas por delitos de violencia sexual. “La violencia sexual en unidades educativas es abominable... Estamos limpiando la basura. ¡Basta!”, escribió el ministro Falconí en su cuenta personal de Twitter.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien coincidió con el ministro Falconí sobre la posición de cero tolerancia para los abusadores de menores de edad.

“Los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no deben prescribir. ¡Cero tolerancia a los abusadores de menores!”, señaló Moreno.

Asimismo, ante el evidente silencio de las autoridades del colegio réplica Aguirre Abad, Falconí, reconoció que la exrectora, Patricia Cuenca y las autoridades educativas de la zona, actuaron  con negligencia y omitieron información valiosa que pudo evitar más excesos.

 El Código de la Niñez y la Adolescencia define a la negligencia como “la omisión o descuido ejercido por parte de personas adultas (docentes, autoridades, personal administrativo o de servicio, padre, madre o responsable legal), en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y cuidado para con niños, niñas o adolescentes”.

Este tipo de violencia se da únicamente por parte de personas adultas hacia niños, niñas y adolescentes de los que son responsables (en este caso, funcionarios o funcionarias de la institución educativa y padres, madres o representantes legales).

La negligencia u omisión es entendida como una forma pasiva de violencia, que puede suceder en dos instancias principales: la institución educativa y el hogar.

Entre los tipos de violencia que se abordan en el marco legal ecuatoriano contra menores están la violencia física, emocional, médica, educativa y virtual. Esta última se comete a través de las redes sociales.

Promesa de trabajo conjunto

Mientras tanto, los ministerios de Educación y de Justicia; el Consejo de la Judicatura, la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea y la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, se unieron a la política de cero tolerancia ante los casos de violencia sexual impulsada por la cartera de Educación.

“Es importante abordar los derechos sexuales y reproductivos con nuestros niños y es importante que exijan al Estado que se trabaje en prevención para evitar que se den estos casos”, sostuvo la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.

Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, se comprometió a buscar mecanismos articulados para abordar el tema de violencia de manera integral.

“Se presentaron reformas legales que evitan la caducidad de sumarios para docentes y autoridades. Hubo procesos abandonados a pesar de existir una denuncia. Desde las instituciones y el Legislativo nos comprometemos a que estos hechos no queden en la impunidad”, agregó la legisladora.

El ministro Falconí invitó a la sociedad en su conjunto a confiar en las autoridades y denunciar la violencia de todo tipo contra nuestros niños.

Para el abogado Hernán Ulloa Ordóñez, defensor de las familias de los niños abusados, no deben existir protocolos cuando un niño es abusado en una institución educativa, porque la acción inmediata al hecho debe ser, por sentido común, la denuncia ante la Fiscalía.

Por lo tanto, dijo el jurisconsulto, “si las autoridades quieren seguir usando ese término, el único protocolo a seguir ante un abuso o violación sexual contra un niño es la denuncia”.

Ulloa Ordóñez advirtió que la existencia de protocolos cuando el hecho ya está consumado se corre el riesgo de que el tema se ‘burocratice’ e invisibilice el problema grave que está ocurriendo.

Entonces, agregó Ulloa, los padres de familia, profesores, directivos, dueños, conserjes o cualquier persona deben tener la facultad de denunciar anomalías. “No puede ser que un conserje que observa que un profesor está con un niño en el baño, tenga que ir primero a comunicar la novedad al inspector,  luego este se lo dice al psicólogo y de ahí al rector y por último a los encargados de los distritos educativos... es ahí donde se pierde todo”.

El defensor legal lamentó que durante los 10 años del anterior gobierno no haya existido un mecanismo de protección contra el funcionario corrupto y la descalificación del denunciante pese a las evidencias del delito, tal como ocurrió con la profesora Dilia Saverio, quien por denunciar un acoso en un colegio fue destituida y sacada del magisterio.

La fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, mostró su empeño en luchar contra los abusos sexuales a menores, investigando con frontalidad y analizando todas las circunstancias de omisión o comisión de los involucrados. Morejón no descartó la existencia de otros delitos como la pornografia infantil.

Los abusos infantiles en centros educativos de Quito han generado un sinnúmero de plantones y marchas para incentivar las denuncias de los casos. Foto: archivo / El Telégrafo

Datos

Solo en Guayas, la ministra fiscal de la provincia ha recibido 10 denuncias sobre abusos sexuales puestos por directores de colegios.

A nivel nacional existen 70 fiscalías especializadas en violencia de género, cuyos integrantes atienden en 226 puntos del Servicio de Atención Integral (SAI) en 23 de las 24 provincias.

Toda víctima de violencia de género tiene derecho a una reparación integral, asistencia psicológica, protección especializada y patrocinio legal gratuito. (I)