Wilson de Souza, de 47 años, es albañil y se encontró con un retén militar en las calles zigzagueantes de la favela Vila Kennedy, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Su barrio, la ciudad, estaban tomados por las Fuerzas Armadas, ahora a cargo de la Policía, del servicio penitenciario y los bomberos. Cogobiernan con el gobernador del Estado pero son amos y señores de las calles y de la seguridad pública.

La ocupación militar es total, realizan un trabajo para el cual no fueron entrenados, la seguridad interna.

Tienen un antecedente: los 13 años de ocupación que el ejército brasileño comandó en Haití al frente de la misión de la ONU MInustah.

La escena de Vila Kennedy se repitió por miles en las calles miserables y humeantes de las favelas bloqueadas de policías y soldados.

Uno de los militares, de los 3.600 que patrullan las calles de Río, le pidió a Wilson de Souza documento y le sacó una foto en plena vía pública.

Esta es la situación del nuevo Río de Janeiro, sobre todo cerca de 1.000 favelas de la ciudad ‘maravillosa’.

El presidente Michel Temer decretó la intervención federal mediante las Fuerzas Armadas, que se encargaron de la seguridad pública.

“Estamos colapsados, esto es fruto de muchos años de crecimiento desordenado en una ciudad que fue capital y dejó de serlo sin planificación”, argumentó el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, un aliado de Temer, al aceptar la intervención en la seguridad pública.

Un año de terror
El estado de Río de Janeiro vive un inicio de año de terror, con el foco puesto en los enfrentamientos entre los narcotraficantes de Rocinha, la mayor favela del país, y también con la presión mediática de los sectores más acomodados de la ciudad luego de que en el carnaval se vieran escenas de asaltos masivos a turistas en las exclusivas zonas de Leblon e Ipanema.

En el centro del debate está la violencia policial y la corrupción de la fuerza pública, cuyos integrantes sufren desde el fin de los Juegos Olímpicos Río 2016 un estado de ajuste presupuestario permanente a raíz de que el Estado se declaró en bancarrota y recibió ayuda del gobierno federal a cambio de la privatización de empresas públicas.

Para analistas, la medida de Temer fue ‘demagoga’ para buscar posicionarse políticamente y soñar con revertir el rechazo a su figura del 90%.

Elsinho Mouco, publicista de Temer, dijo que la imagen del mandatario ‘ya se revirtió y ganó apoyos’ con la intervención en Río. Es la primera vez que se llega a esta decisión en la democracia.

Intervención federal
El jefe de la intervención es el general del ejército Wagner Braga Neto, quien intervino en conflictos internos, como destrabar huelgas de policías.

La intervención abrió nuevos paradigmas para un gobierno no electo. Uno de ellos es la creación del Ministerio de Seguridad y otro que el Ministerio de Defensa, por primera vez en democracia, lo conducirá un general.

Las Fuerzas Armadas, en un año de elecciones y de alto descrédito de los partidos políticos, ganaron una relevancia impar.

Y en este marco ingresa el debate jurídico que abrió el decreto de Temer: en caso de que miembros de las Fuerzas Armadas cometan delitos o maten a civiles durante la ocupación en Río de Janeiro, no serán juzgados por la justicia ordinaria y sí por tribunales castrenses.

Esto está incluido en una ley promulgada por Temer en octubre del año pasado a pedido de los militares. “No queremos que después nos acusen de violaciones a los derechos humanos por inseguridad jurídica”, dijo el general del Ejército, Eduardo Vilas Boas, durante una reunión de gabinete.

Desde la sociedad civil la intervención y la función del Ejército está cuestionada precisamente por tener un fuero especial, con jueces militares que muchas veces no son del mundo jurídico.

“Tienen una licencia para matar. Serán ciudadanos con tribunales de excepción frente a una realidad complicada. El tema de la seguridad pública necesita de soluciones, pero hay que atacar la corrupción policial, invertir en investigación e inteligencia y atender la demanda de salud de los que compran drogas, que son los que mueven el mercado del delito en las favelas”, dijo a EL TELÉGRAFO el abogado Ariel de Castro Alves, profesor de la Pontificia Universidad Católica e integrante del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.

La seguridad y la violencia
Al presentar el plan de seguridad este martes, el interventor Braga dijo que esta misión hasta el 31 diciembre “es una ventana de oportunidades” para reducir el delito.

“La seguridad dada por policías no dejó de existir, tuvo dificultades y nuestro foco está en juntar todas las agencias públicas para combatir el delito, con trabajo de inteligencia y represión”, dijo el oficial a la prensa.

Al ritmo de la recesión económica, la violencia en Río de Janeiro aumentó. Fue el Estado donde aumentó la tasa de robos por 100.000 habitantes de 2015 a 2016: de 893 a 1.255, subió el 40%.

Y el índice de homicidios subió 24,3%. Pasó de 30,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 37,6, solo superado por los estados amazónicos de Acre y Amapá.

Estos datos delictivos son del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

“Si bien otros estados tienen altos índices de homicidios parecidos a Río, la violencia en esta ciudad se presenta con características diferentes. En otros sitios, los narcos son organizados en una lógica geográfica, ocupando espacios. En Río existen áreas controladas literalmente por un poder paralelo que usa fusiles”, dijo Arthur Trindade, consejero del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

La confianza en la Policía se redujo en Río de Janeiro respecto de otras regiones: por ejemplo, la confianza es del 15%, contra el 80% de Brasilia, la capital del país.

En 2015, 98 policías fueron asesinados en Río, el mayor caso del país. Sin embargo, especialistas ven un perfil electoral en un año de elecciones generales con esta decisión, sobre todo porque Río de Janeiro es considerada la cara de Brasil ante el mundo, por sus atractivos turísticos y su cultura.

“Si el interés del gobierno federal es detener la violencia, lo mejor sería intervenir el estado de Sao Paulo, donde existe el centro de gestión del crimen, por intermedio del Primer Comando de la Capital, la mayor organización de tráfico de armas y drogas”, dijo la profesora del Departamento de Seguridad Pública de la Universidad Federal Fluminense, Jacqueline Muniz.

Al presentar su plan, Braga dejó una señal en caso de un desenlace positivo: “Río de Janeiro es un laboratorio para el resto de Brasil”. (I)

La tasa de robos aumentó de 893 registrados en 2015 a 1.255 en 2016, uno de los delitos que se intenta reducir con la intervención militar.