¿Se han preguntado por qué razón una ciudad tiene horarios “zanahorias” para sus discotecas y bares, que obligan a la gente a irse a sus casas en la cúspide de la fiesta y con el último trago todavía bajando por la garganta? El mejor “servicio” de un local nocturno parece ser un funcionamiento extendido, camuflado, silente, y por supuesto, –con coima de por medio- con el conocimiento y colaboración de las autoridades de control.

Pues, parece mucho mejor que una discoteca o bar te permita esconderte hasta las 4 o 5 de la mañana con tal de culminar tus festejos y, de paso, salir sobrio a enfrentar el tráfico. No obstante, esa clandestinidad genera problemas como la posibilidad de una evacuación obstaculizada por una puerta cerrada por funcionar a escondidas, y la usual corrupción de las autoridades de control.

Este fenómeno ha sido explicado por el investigador Enrique Ghersi y lo ha llamado El costo de la legalidad.

“El mercado es un mecanismo costoso para la toma de decisiones económicas.”, dice el autor. Pero también “la ley es un mecanismo costoso. Por consiguiente, si bien el derecho tiene como propósito económico fundamental reducir los costos de transacción, la ley que es una de sus fuentes también tiene un costo que el autor denomina “costo de la legalidad”, agrega.

En ese sentido, no toda ley abarata las transacciones, sino que es perfectamente posible que las encarezca.

Para él, estudiar la informalidad ofrece el contexto preciso para examinar cómo el costo de la legalidad conduce a su ineficiencia por discriminar a la mayoría de la población y favorecer el rentismo, lo que provoca su falta de vigencia social.   

El propósito económico fundamental del derecho es reducir los costos de transacción como resultado directo de la formalidad en las transacciones que se dan bajo una norma jurídica. Sin embargo, la ley también tiene un costo, que en el caso que nos ocupa viene a ser la pérdida de ganancias, tanto privadas, como fiscales y municipales, por existir una norma que restringe la cantidad de horas en que un negocio puede funcionar de forma productiva.

La tendencia actual, en los usuarios y negocios de varias índoles, señala que el costo de la legalidad, cuando es demasiado restrictivo, conduce a una suerte de “desobediencia civil”. No es más que el accionar clandestino peligroso.

Sobre las relaciones entre los entes legislativos y los particulares, Ronald Coase en su tratado “The Nature of the Firm”, estableció las “Leyes de Coase”: “Existiendo costos de transacción, no es indiferente al orden jurídico la búsqueda del óptimo económico. Hay normas más eficientes que otras, según permitan comportamientos más aproximados con ese óptimo”.

Las instituciones jurídicas tienen un fundamento económico, que es el de abaratar los costos de transacción. Deben definir los derechos de propiedad, dar seguridad a los contratos y establecer responsabilidad civil extracontractual.

En resumen, podríamos entender -como ejemplo- que si las discotecas y bares de Quito pudieran abrir sus puertas hasta las 5 de la mañana, y dejaran de vender licor a las 3, no solo que tendrían menos borrachos saliendo a conducir, sino que producirían más rentas para sus dueños y para el fisco, así como sería innecesario recurrir a la corrupción señalada.

Y este fenómeno del costo de la legalidad se lo puede analizar, en distintos negocios y transacciones mercantiles en ciudades que pretenden ser turísticas y transparentes, así como en las absolutamente fracasadas normas sobre la prohibición y penalización de drogas, como la marihuana y la cocaína.

Prohibir estas drogas jamás ha impedido su consumo, ni su abuso. Pero ha provocado un negocio megalucrativo para los capos y una enorme corrupción. Regular su consumo -entiéndase por regular lo que ocurre con el licor o cigarrillos, por ejemplo- no implica piñatas de cocaína en las fiestas infantiles de sus niños, por cierto. (O)

Rafael Lugo
Abogado y escritor
Especial para EL TELÉGRAFO