Condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a la madre de su novia, y 26 años después sentenciado a muerte con la aplicación de inyección letal por romperle el cráneo y asestarle 84 puñaladas a un compañero con la ayuda de otro preso, la vida de Gary Haugen pasa hoy por una extraña encrucijada: su sentencia ha sido aplazada desde hace 19 meses, pero él quiere que lo ejecuten ya.

El reo, que lleva ya 31 años tras las rejas, enfrenta una batalla personal y judicial contra el gobernador de Oregon, John Kitzhaber, quien detuvo su ejecución apenas un mes antes de la fecha prevista para que se cumpla, el 6 de diciembre de 2011.

Kitzhaber lo indultó declarando entonces que el fallo judicial (la ejecución) le generaba problemas de conciencia, porque es médico, además de político, y ordenó una revisión de todo el sistema de pena de muerte en dicho Estado.  

Pero el reo se negó a aceptar esa “moratoria de la aplicación de la sentencia capital” que promueve el Gobernador en el Estado de Oregon y exigió en los tribunales que cumplan con su sentencia: quiere morir para denunciar las injusticias del sistema judicial norteamericano.

Gary Haugen y otro reo, Jason Van Brumwell, fueron condenados a muerte en 2007 por el asesinato cometido en 2003 del preso David Polin, recluido con ellos en la Penitenciaría Estatal de Oregon.

Al momento del asesinato, Haugen cumplía cadena perpetua por la violación y asesinato, en 1981, de la madre de su exnovia. En la apelación automática celebrada en 2010, la Corte Suprema del Estado confirmó su declaración de culpabilidad y su condena de muerte. Desde entonces él ha manifestado su deseo de renunciar a cualquier otra apelación.

De allí que, según Haugen, esa medida (la moratoria) no es válida y en realidad sería un intento ilegal del Gobernador de anular una ley que no le gusta, esto es, la existencia de la pena de muerte en Oregon.

Ante ello, él exigió morir e incluso clamó para lograr que se lo ejecute, porque mantenerlo en el llamado “corredor de la muerte” (sección de una prisión donde se encuentran quienes esperan la ejecución) de modo indefinido crea una incertidumbre que constituye “un castigo inusual y cruel”.

Sin embargo, a lo largo del proceso para exigir que se lo ejecute, una neuropsicóloga, Muriel Lezak, contratada por los entonces abogados de Haugen, evaluó al preso y determinó que padecía un “trastorno alucinatorio que lo convierte en incompetente para ser ejecutado”.

Lezak dijo que, en su opinión, aunque Haugen era “consciente del hecho” de su ejecución inminente, “carecía de una comprensión racional del delito y de su castigo”. Sin embargo, a petición del reo se despidió a sus abogados, y a éstos no se les permitió presentar ese informe.

Pero Kitzhaber no quiere ejecutarlo y por ello insistió y apeló a la Corte Suprema de Oregon, que hace unos días resolvió que no hay nada en la Constitución de Oregon que dé a un condenado el derecho a rechazar la clemencia. La Corte también indicó que el Gobernador tiene pleno poder para declarar una moratoria a la pena de muerte, lo que reafirma su postura.

Ante ello, Kitzhaber renovó su llamado a  reevaluar “nuestro actual sistema que avala la pena capital y que se ha convertido en un sistema inmanejable y que no cumple los estándares básicos de la justicia”.

Así, Haugen tendrá que permanecer vivo y en el “corredor de la muerte” al menos dos años más, hasta que su ejecución sea eliminada por completo o, en caso de que Kitzhaber deje el gobierno (en 2015) y su sucesor no otorgue nueva clemencia, hasta que se le aplique la inyección letal.

MÁS ESTADOS CONTRA LA PENA DE MUERTE

Oregon, en Estados Unidos, tiene a 37 personas en el “corredor de la muerte”, una de ellas es Haugen, y solo ha ejecutado a dos personas en los últimos 50 años.

Otros 18 Estados del país han eliminado ya la pena de muerte y el actual gobernador de Oregon, John Kitzhaber, se inclina hacia ello, si bien aún no se ha dado pasos legislativos en ese sentido y es incierto si este cambio logre darse.

En los últimos cuatro años tres Estados –Nueva Jersey, Nuevo México e Illinois– han promulgado legislación para abolir la pena de muerte, cuestionando los defectos de esta medida, como por ejemplo el peligro que entraña el cometer un error irreparable, su injusticia y su aplicación discriminatoria, su coste y la manera en que desvía recursos que podrían dedicarse a la prevención del delito y la ayuda a las víctimas.