La ONU y la CIDH condenan los hechos de violencia en las cárceles de Ecuador

El sistema de las Naciones Unidas pide una investigación imparcial y la sanción correspondiente.
24 de febrero de 2021 14:24

El sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador expresó su solidaridad, mediante un comunicado, a las familias de las personas privadas de la libertad fallecidas y a las personas heridas durante los lamentables hechos ocurridos este martes 23 de febrero en los centros de Rehabilitación Social de Azuay, Guayas y Cotopaxi.

El sistema de las Naciones Unidas pide además una investigación pronta e imparcial, la sanción correspondiente de los responsables y la gestión de la crisis conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.




Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas hace un llamado a que se aborden las causas estructurales de la situación para apoyar a las autoridades en este esfuerzo.

Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció al respecto y condenó los hechos de violencia suscitados en las cárceles de Guayaquil, además lamentó los motines.



El organismo le recordó a Ecuador el deber ineludible que tiene de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de las personas privadas de la libertad. 



También conmina a Ecuador a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos suscitados y evitar su repetición, además aumentar la seguridad y la vigilancia en los Centros de Rehabilitación Social.    

La Aldhu también se pronuncia

La Asociación Latinoamericana para los derechos humanos (ALDHU) expresó su consternación y dolor por los 75 reclusos fallecidos en los motines, como consecuencia del enfrentamiento de bandas delictivas de alta peligrosidad.

"Las personas detenidas en los Centros de Reclusión estatales, si bien se encuentran privadas de su libertad, son seres humanos titulares de derechos inalienables y es el Estado que los tiene a su cargo el responsable de asegurarles la efectiva vigencia de todos sus demás derechos y, en particular, de garantizarles la seguridad y la vida", manifestó.

Como tal, señala, está obligado a mantener el orden en las prisiones, impidiendo que el control de las mismas sea enajenado a mafias criminales.

"El hacinamiento de presos, sin control ni seguridad, genera las condiciones para que los establecimientos de detención se conviertan en territorios de disputa de las peligrosas mafias criminales que operan tanto al interior como en el exterior de los mismos", señala.

Además sostiene que el Estado puede y debe conocer la situación de los establecimientos y es responsabilidad exclusiva de las autoridades prevenir, anticipar y conjurar estos estallidos, que cuando ocurren, como hoy en Ecuador, cobran la vida de decenas de seres humanos, enlutando a la sociedad toda.

"En consecuencia hacemos un llamado urgente al Gobierno ecuatoriano para que establezca las responsabilidades emergentes de los hechos, y aborde con seriedad y responsabilidad la tarea de reformar el sistema penitenciario, actualmente colapsado", concluye. 



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