El 66,22% de los 74 casos abiertos por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 se resolvieron. Así lo indicó Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, durante la presentación del último informe sobre estos expedientes.

El funcionario recordó que el proceso empezó con 74 casos a nivel nacional. De ese universo  49 causas tienen un proceso judicial abierto, de las cuales 43 alcanzaron sentencia: 7 en primera instancia, 15 en segunda y 21 se encuentran en casación. 25 casos se hallan aún pendientes.

El estado procesal de estos 25 expedientes activos es el siguiente: 4 se encuentran en indagación previa, 1 en instrucción fiscal, 3 en etapa intermedia, 4 en juicio, 7 en estado de apelación y 6 en casación.

Hasta septiembre de este año, la Fiscalía del Estado tiene en su poder 4 investigaciones sobre las muertes de Froilán Jiménez, Jacinto Cortez, Edwin Calderón y el caso sobre tentativa de golpe de Estado, que se halla en indagación previa.

Acerca del expediente del soldado Darwin Panchi, en las próximas semanas, Walter C. posible autor del asesinato del militar, tendrá audiencia de juzgamiento. El fiscal indicó que las 103 armas de dotación inicial, en este caso, fueron analizadas.

Mientras que en el caso del policía Froilán Jiménez la Fiscalía tiene inconvenientes de orden técnico pues el video, en el que se pretende reconocer a las personas que se encuentran junto a un Jeep rojo, no es identificable.

Chiriboga explicó que posiblemente los individuos que están en el video son miembros del Ejército. Este caso tiene que resolver 2 situaciones: la pericial, que es sobre la trayectoria de las balas que matan a Froilán Jiménez y la segunda acerca de la identificación de los militares.

“Tenemos dos teorías: la primera es que se quiso atentar contra la vida del señor Presidente y la segunda, que el disparo fue improvisto y accidental”, indicó el fiscal.

En la muerte de Juan Pablo Bolaños, el juez dictó sentencia condenatoria a Francisco G. En total se dictaron siete sentencias en primera instancia, 15 en segunda y 21 en casación.

Además, el informe agrega que 6 casos se resolvieron de forma alternativa. “En los otros casos que tiene Fiscalía es cuestión de que se entregue la información correspondiente”, mencionó Chiriboga.

Personas procesadas

En todos estos procesos existen, entre policías, militares y civiles, 298 personas. De ellos 222 fueron declarados culpables y en 76 se ratificó su inocencia. Chiriboga señaló que la mayoría de procesados culpables pertenecían al cuerpo policial.

Los delitos cometidos por los  procesados fueron: suspensión de servicios públicos, terrorismo, obstaculización, incitación a la rebelión, insubordinación, atentado a la seguridad interior del Estado, tentativa de magnicidio, homicidio, rebelión, manifestación policial no autorizada, invasión de edificios públicos, destrucción de bienes público y detención ilegal.

Asimismo, se abrirán 12 nuevas investigaciones en 6 provincias, puesto que la Fiscalía conoció sobre 29 partes informativos elaborados por la Policía después de los hechos del 30-S. Solo 14 fueron remitidos a las fiscalías provinciales.

Delito de plagio

Chiriboga mencionó que sobre el delito de plagio al Primer Mandatario aún no hay sentencia. El contexto para la investigación se sitúa en el dictamen que emitió el juez sobre un presunto delito de lesa humanidad que fue denunciado por Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. Ellos denunciaron un autosecuestro por parte de Rafael Correa, lo cual fue juzgado como malicioso y temerario.  

Durante la audiencia se determinó que la Fiscalía investigue el delito de plagio, que se encuentra en etapa de instrucción. “Luego de este proceso se preparará la audiencia preparatoria de presentación de pruebas”, dijo Chiriboga durante su presentación. (I)

DATOS

La Fiscalía recurrió a asistencia penal internacional para investigar parte de estos casos. Se solicitó la ayuda de Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú, entre otros.

La Fiscalía reabrió procesos cerrados y se iniciaron nuevas investigaciones de hechos que se encontraban impunes. Se analizó la viabilidad jurídica en cada uno de ellos.

Las penas mínimas dictadas para las personas declaradas culpables son 90 días de privación de libertad. Esta sanción recayó en los policías que pusieron en riesgo las evidencias del 30 de septiembre.

Una de las diligencias contó con la presencia de Rafael Correa, presidente de la República, en calidad de agraviado. Acudieron actores políticos, civiles y miembros de la fuerza pública.