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En 2013 (Diciembre) 20 niños sufrieron quemaduras por manipulación de petardos, en guayaquil

La fabricación o venta de camaretas, penada hasta con 5 años de prisión (Infografía)

Policías recopilan petardos decomisados de elaboración clandestina, en 2013, para su destrucción. Foto: Archivo / El Telégrafo
Policías recopilan petardos decomisados de elaboración clandestina, en 2013, para su destrucción. Foto: Archivo / El Telégrafo
13 de noviembre de 2014 - 00:00 - Redacción Justicia

En diciembre de 2013 la Policía Nacional reportó el fallecimiento de una persona debido a quemaduras ocasionadas por la explosión de camaretas. El accidente ocurrió en Bastión Popular, en el norte de Guayaquil.

En el mismo mes, 20 menores de  distintas partes de la ciudad resultaron heridos por la manipulación de petardos, según un informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), basado en las atenciones prestadas por el hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde, donde atendieron este tipo de emergencias.

Para evitar incidentes de esta naturaleza, las autoridades (Intendencia, Fuerzas Armadas, Policía, entre otros) tienen previsto efectuar en Guayaquil, por segundo año, una feria para la venta de pirotecnia, así como intensificar los operativos de control con respecto a la fabricación y comercialización clandestina de petardos, sobre todo de camaretas.

La intendenta de Policía del Guayas, abogada Consuelo Castro, informó que el objetivo es organizar a los importadores y a los minoristas en 2 espacios, en la explanada del estadio de Barcelona y en las periferias de la ciudadela Samanes.

Castro anunció que mañana está planificada una reunión con los comerciantes para aclarar qué productos podrán ofertar y dónde los expenderán. Añadió que en Guayaquil hay al menos 5 importadores autorizados y que ellos estarán facultados para venderles a los minoristas que trabajarán en la feria; estos últimos también deberán solicitar un permiso para el expendio.

El mayor Diego Toscano, jefe de Registro de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Guayas, Santa Elena, Galápagos y Los Ríos, explicó que el fin de agrupar a los comerciantes es cumplir con una supervisión eficaz y que la actividad se desarrolle con las seguridades necesarias.

Toscano informó que hasta el momento 2 importadores confirmaron su participación, que según lo planeado se realizará la última semana de diciembre.

Acotó que el año anterior albergaron alrededor de 200 minoristas, pero esta vez podrían sumarse otros 100. Enfatizó que decomisarán los juegos pirotécnicos que, pese a que estén autorizados, se vendan en lugares no permitidos.

También comunicó que en 2013, dentro de la propia feria, detectaron más de 2.000 productos de contrabando y 6.480 camaretas, por ello advirtió que si esto se repite, el material será incautado y quienes lo posean serán puestos a órdenes de las autoridades.

Castro y Toscano mencionaron que no se permitirá la venta de ningún producto ilegal y que se trabaja en la localización de los fabricantes clandestinos. El BCBG además impulsará una campaña para evitar que los niños usen juegos pirotécnicos, porque es de alto riesgo y pueden sufrir quemaduras.

Durante 2013 en el país el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas retiró 119.679 kg de explosivos y destruyó 5.990 kg; de enero a junio de este año fueron decomisados 36.413 kg (incluye todo tipo de materiales, no solo pirotécnicos).

El artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece pena privativa de libertad de entre 3 y 5 años para quien fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materiales destinados a su fabricación.

El abogado penalista Julio César Cueva, tras analizar el artículo, explicó que la ley es específica, porque no habla de cantidades sino de la clase de objeto (por ejemplo camaretas). “Los verbos rectores son fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte (...) las camaretas son explosivos, tienen pólvora”.

Cueva agregó que si ocurre una explosión como la de diciembre de 2013, en la que falleció una persona, los responsables a más de ser procesados por la fabricación ilegal de explosivos podrían enfrentar un juicio por homicidio culposo, incluso podrían acumular las penas por ambas infracciones.

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