Tras la decisión de la jueza peruana Susana Coronado de dictar prisión por 40 días contra Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum, su abogado defensor anunció que apelará esa resolución.

Mientras se resuelve ese recurso judicial, la resolución de la jueza de primera instancia no estaría en firme para que se proceda con el proceso de extradición, una vez que Ecuador lo solicite formalmente a las autoridades de Perú.

Previo a la audiencia, las autoridades de Ecuador anunciaban una expulsión de ambos detenidos, quiene están procesados en su país de origen por el presunto delito de lavado de activos. Pero la fiscalia peruana solicitó una prisión de 40 días con fines de extradición.

El analista político Rogelio Ramos consideró que “en este tipo de casos, con relaciones recíprocas de dos Estados, de por medio, lo usual es facilitar los canales a través de los cuales los detenidos son puestos a disposición de la ley en sus respectivos países. Lo que ha sucedido en el caso Pareja, de padre e hijo, ha sido una excepción a esta regla, una complejización del proceso judicial que abre un compás de espera en el que las decisiones judiciales pueden cambiar de un momento a otro”.

La extrañeza que Ramos ratifica, fue la misma que Daniel Maurate, representante de Ecuador para este caso, evidenció frente a los argumentos del Ministerio Público que giraban alrededor de la fuga, como la figura legal que sustenta el pedido de extradición. “Nosotros sostenemos que sobre cualquier argumento, Pareja Cordero y Pareja Dassum ingresaron de forma ilegal al país, y ese solo hecho determina que el canal de devolución de los detenidos sea la expulsión inmediata del país, y no el camino de la extradición”.

La jueza Coronado, titular del Juzgado N°37 de Lima, lugar en el que se desarrolló la audiencia, decidió inclinar la balanza sobre los argumentos del Ministerio Público y ordenar 40 días de prisión para los ecuatorianos, mencionando que ese será el tiempo suficiente para que los trámites de extradición terminen con éxito.

“El terreno judicial de esta decisión no debe leerse solo en el acto efectivo, sino en el contexto. Pareja Cordero se ha autoproclamado un perseguido político, en un momento que Perú aparece como un territorio de recepción para migraciones por presiones políticas como la de los ciudadanos colombianos o venezolanos. Es una estrategia que busca orillar a que la justicia considere la figura del refugio, algo que sin duda daría un giro impensado a la trama de este proceso”, indica Ramos.

De acuerdo con la ley, el ejercicio que viene por delante en este caso corresponde a la figura de la extradición pasiva, dado que el Estado peruano es el que debe recibir la petición de Ecuador, para tramitar el regreso de los detenidos, indicó.

Si bien los canales de la reciprocidad jurídica son determinantes para la extradición entre dos Estados, para el caso peruano es necesario un esclarecimiento del proceso judicial que los detenidos a ser extraditados enfrentan en su contra, sostuvo el jurista.

La prueba real y cierta de que han cometido un delito, el hecho de haber sido juzgados o condenados a pena privativa de libertad para investigación, y la inexistencia de un requerimiento del Estado que extradita, son tres elementos clave  en el proceso, agregó.

Sobre esos ejes girarán los argumentos de la defensa de los Pareja, la que se adelantó a mencionar que ellos ya se encuentran en relación con el Estado peruano, pues tienen un trámite de petición de refugio en marcha en la Oficina de Naciones Unidas para el Refugiado (Acnur).

Maurate mira a la expulsión como un mecanismo no agotado. 

Abogado viajará a Perú

Alfonso Zambrano Pasquel, representante legal de los Pareja, que viajará hoy a Perú, celebró que el proceso de expulsión o deportación de sus defendidos no se dio, pese al pedido del presidente electo, Lenín Moreno, al primer mandatario peruano. “Primero no se va a dar el proceso de expulsión o deportación... porque existe un procedimiento judicializado que es el de extradición y que el Estado ecuatoriano tiene 40 días para justificar por qué está pidiendo la extradición”, dijo.

Además, está en marcha otro habeas corpus para garantizar el derecho a la libertad de los Pareja.

Panamá ratifica autorización para extraditar a Arturo P.

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró no fundamentadas las objeciones de la defensa de Arturo P.,  informó la Procuraduría General de ese país, con lo cual se mantiene la autorización de extradición.

Arturo P. es uno de los sentenciados a cinco años de privación de libertad por cohecho en Petroecuador. El compatriota está detenido en territorio panameño desde el 16 de noviembre de 2016.

Está pendiente la resolución de un recurso de hábeas corpus y una solicitud de refugio presentados por la defensa de Arturo P. en Panamá. (I)