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Pamela M. presionó a empresario para entregar aportes, alegan en juicio

El Tribunal Penal está integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez.
El Tribunal Penal está integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez.
Foto: Cortesía CNJ
10 de febrero de 2020 - 20:38 - Redacción Justicia

En el inicio del juicio contra 21 procesados, entre ellos el expresidente Rafael C., por el caso Sobornos 2012-2016, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) concedió a cada una de las partes procesales 12 minutos para exponer sus alegatos de apertura

La fiscal general, Diana Salazar, y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, advirtieron que probarán que existió una organización criminal encabezada por el entonces presidente Rafael C. 

"Demostraremos que los acusados, entre 2012 y 2016, actuaron en calidad de funcionarios públicos, aceptaron y recibieron ofertas, dones o promesas indebidas. Y los empresarios fueron beneficiarios de adjudicaciones de varios contratos, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Secretaría Nacional del Agua, del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, previa oferta acordada y entregada, y que existe relación entre las fechas de suscripción de los contratos y las fechas en que se efectuaron las entregas de ofertas a la estructura criminal", dijo Salazar en la diligencia este lunes 10 de febrero. 

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael C., aseguró que no existe un solo elemento de convicción que demuestre la culpabilidad de su defendido en el presunto delito y además, que no suscribió ningún contrato relacionado al caso. Añadió estar a la espera de que se les notifique a los tres jueces sobre la recusación que presentó el pasado jueves, por considerar que no son competentes para estar al frente de la etapa de juicio.

Al recibir la notificación, los jueces deberán suspender la audiencia hasta que se resuelva dicho recurso. No obstante, por el momento el juicio continúa. 

Este lunes, la defensa técnica de Pamela M. señaló que la procesada actuó cumpliendo órdenes, coordinando el cruce de facturas y el registro de pagos de empresas, bajo la directriz del expresidente Rafael C. y del exvicepresidente Jorge G.

María Gabriela Moreira, abogada del empresario Pedro V., representante de la empresa Equitesa, reveló que su defendido fue objeto de presiones para cumplir con los aportes (sobornos), con la amenaza de suspensión de pagos y que el procesado accedió sin tener conocimiento de su finalidad.

"Mi defendido recibió exigencias por parte de la señora Pamela M., quien le indicaba que habían contratos que ya estaban ejecutados la obra y no habían tenido el pago respectivo. Por este tipo de contratos Pamela M. presionaba a mi cliente para que hiciera los aportes y pudiera tener los respectivos convenios de pago", explicó la abogada. 

Moreira no precisó montos y denunció también que otro de los procesados en esta causa le ha exigido para que diga hechos falsos.

"En su testimonio que rendirá en el juicio el señor Pedro V. narrará quién de los procesados le está ubicando para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas", señaló, al subrayar que en su momento oportuno se conocerán los detalles.

Tras un receso, en la tarde se dio inicio a la segunda parte del juicio, que es la presentación de las pruebas. La Fiscalía es la primera en hacerlo y se prevé que le tome algunos días. 

A estas audiencias están convocados más de 120 testigos, entre peritos, agentes policiales, exfuncionarios del Gobierno y empresarios. Además, está llamado a declarar José Conceição Santos, exrepresentante legal de Odebrecht, en Ecuador.

Los 21 procesados son sospechosos de cohecho. La Fiscalía los acusa de haber implementado un sistema ilícito dentro de la Presidencia, que consistía en recolectar aportes económicos de empresarios, que tenían contratos con el Estado, para las actividades políticas del Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Se estima que por este sistema se recogieron $ 7,1 millones que se usaron para la propaganda política de Alianza PAIS y del anterior Gobierno, entre los años 2012 y 2016. (I)

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