Judicatura suspende creación de Unidad contra el crimen

- 12 de mayo de 2018 - 00:00
Debido a los hechos delincuenciales registrados en la frontera con Colombia, las autoridades ecuatorianas están tomando medidas de control extremas.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

El lunes se tenía previsto que entren en funcionamiento las nuevas dependencias judiciales, que son consideradas necesarias ante la situación que se vive en la frontera norte.

La creación de la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado, que debía comenzar a funcionar este lunes, se encuentra suspendida.

Esto debido a que el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) mediante resolución 052-2018 reformó la normativa con la cual se dispuso que se instauren las mencionadas instancias judiciales y remitió a inicios de semana un oficio a la Corte Constitucional (CC) para que emita un pronunciamiento.

El objetivo es evitar alegatos o críticas sobre una supuesta falta de competencia del CJ para la creación de las mencionadas instancias.

“Se trata de un tema sensible y por eso nosotros pusimos en conocimiento de la Corte Constitucional la resolución tomada, pues queremos que entre en aplicación lo antes posible”, dijo el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, al confirmar que el proceso se encuentra suspendido hasta que haya el pronunciamiento.

Tras señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, es competencia del CJ la creación de estas unidades, dijo que es preferible contar el criterio constitucional.

En la CC la solicitud se encuentra para trámite y hasta este viernes 11 de mayo no hubo ningún pronunciamiento público.

El vocal del CJ, Néstor Arbito, aclaró que las acciones de la Judicatura, para crear esta dependencia, se enmarcan en el Art. 264, numeral 8, literal b, del Código Orgánico de la Función Judicial.

Señaló que el Consejo no está creando una competencia en materia Penal, sino que está precisando las atribuciones de los nuevos jueces.

Según los cuestionamientos de juristas, entre ellos el también catedrático Santiago Guarderas, la competencia nace de la Ley y no de una resolución de la Judicatura.

También les preocupó que esta iniciativa implique la existencia de un tribunal de excepción, sin existencia previa, lo cual está prohibido por la Constitución.

Lo que se había avanzado
En cumplimiento a una de las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) en su sesión del 13 de abril, el CJ anunció  la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado.

Con el fin de aplicar varias medidas de seguridad y protección para los jueces y fiscales que conocen casos de crimen organizado, se determinó que las mencionadas instancias judiciales tendrán su sede en Quito.

De acuerdo con la iniciativa, la Unidad Judicial contaría con cuatro jueces mientras que el Tribunal estaría integrado por tres administradores de justicia. Ellos iniciarán con carga procesal cero.

Ambas dependencias tendrán competencia en todo el territorio nacional y conocerán delitos como: terrorismo; financiación del terrorismo; delincuencia organizada; tráfico de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala.

Además, los casos sobre organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización; tráfico ilícito de armas de fuego; armas químicas, nucleares o biológicas; lavado de activos; enriquecimiento ilícito; y, enriquecimiento privado no justificado.

Para la designación de los jueces que integrarán la unidad y el tribunal, el CJ convocó el 17 de abril pasado, a todos los jueces de carrera, a nivel nacional, a presentar sus postulaciones hasta el 23 de abril.

Al término del proceso de inscripciones 39 administradores de justicia de primera instancia se postularon para participar.

Según Néstor Arbito, de entre 29 inscritos, una comisión integrada por delegados del CJ, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General y de la Escuela de la Función Judicial, debía escoger en esta semana a los cuatro jueces para la Unidad Judicial, mientras que los otros 10 participan para las tres plazas del Tribunal Penal.

Asimismo ya se había avanzado en la designación del personal administrativo y de apoyo, ya que la intención era que este lunes 14 de mayo comiencen a funcionar estas dependencias en Quito.

También estaban adelantadas las gestiones para el equipamiento con una cámara Gesell, seis salas de audiencias, un área de monitoreo y nueve ventanillas de atención, pero todo quedó en suspenso. (I)

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