Un llamado a los legisladores para que aprueben las reformas legales planteadas, formularon ayer, en la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh; y el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Los funcionarios, quienes fueron recibidos por el pleno del Legislativo para presentar sus informes de labores del último año de gestión, aprovecharon para exponer la necesidad de cambios en las normas legales.

“Si bien hay avances, también hay pendientes”, dijo Jalkh, al referirse al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que presentó el año pasado en la Asamblea, así como las propuestas de reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código Orgánico de la Función Judicial.

Con la aprobación de estas reformas de leyes se busca juzgar en igualdad de condiciones a todos los procesados; proteger los derechos de las víctimas y que no haya privilegios para nadie, dijo.

Además, destacó el modelo de gestión de las unidades de Flagrancia, en las cuales la aplicación del COIP permite que ocho jueces dicten 43 sentencias al mes.

El fiscal Baca fue más directo al señalar que la lucha contra la corrupción no es una responsabilidad unidireccional, ni unipersonal y que el país requiere herramientas para combatirla mal.

Recordó que en 2017 la Fiscalía presentó a la Legislatura dos herramientas: un grupo de reformas al COIP y el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el pasado 20 de diciembre.

Precisó que entre las principales propuestas están: que por solicitud del Fiscal se impida la salida del país de personas sobre las cuales existan sospechas de actos de corrupción; y, que se analice el requisito de contar con un informe previo de la Contraloría para iniciar la investigación y el procesamiento de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.  

Sobre la Ley de Extinción de Dominio, indicó que la normativa busca complementar las medidas de combate y lucha en contra de la corrupción, pues el crimen organizado no se desarticula únicamente con respuestas o salidas penales, sino atacándolo de raíz, esto es en las fortunas mal habidas por tráfico de drogas, de oro, de migrantes y por corrupción.

“Si queremos combatir la corrupción tenemos que dotar al Estado de derecho de las herramientas para que esas fortunas mal habidas regresen a manos de los ecuatorianos”, sostuvo.

Informes de labores
Respecto a la tarea cumplida en 2017, el titular del CJ indicó que la eficiencia en la administración de justicia por la aplicación de los procedimientos penales Directo y Abreviado; la grabación de audiencias; la aplicación de la mediación; el sistema de videoconferencias; y, la disminución de las audiencias fallidas, permitieron en los últimos años un ahorro para el Estado de $ 425,6 millones.

Resaltó la productividad al indicar que en 2017 ingresaron 630.406 juicios y se resolvieron 718.997, es decir, la tasa de resolución es de 1,14 (en 2012 era de 0,77).

Sobre la cobertura judicial, dijo que Ecuador tiene 2.083 jueces y con esto alcanzó una  tasa de 12,42  administradores de justicia por cada 100.000 habitantes, lo que superó el promedio regional que es de 11,51. Además, existen 733 defensores públicos y 841 fiscales.

La administración de justicia también fue eficiente respecto de las caducidades de prisión preventiva. El año pasado apenas hubo ocho casos y en 2016 fueron 11 a diferencia de lo que ocurrió en 2008, que se reportaron 2.061 caducidades.

Hasta diciembre de 2017 se realizaron 37.077 audiencias mediante videoconferencias. Con este sistema se evitó que 27.417 personas privadas de la libertad sean trasladadas a las diferentes diligencias, entre 2015 y el año anterior a nivel nacional.

Jalkh destacó la agilidad con la que se resuelven las causas con el Código Orgánico General de Procesos (Cogep), vigente desde mayo de 2016. Por ejemplo, un juicio Contencioso Tributario ahora concluye en un promedio de cinco meses (antes demoraba más de cuatro años). Un proceso laboral hoy termina en cuatro meses y antes en más de un año.

Plan estratégico en marcha
El fiscal Baca Mancheno expuso que durante su gestión se implementó el Plan Estratégico Institucional con cuatro objetivos: fortalecer la capacidad de investigación, brindar un servicio integral con énfasis en víctimas y testigos, promover la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Agregó que se fortalecieron las capacidades investigativas, con la creación de las unidades especializadas. (I)

Los avances
Sistema víctimas y testigos
En 2017 la Fiscalía reestructuró el Sistema de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, fortaleció los equipos en 12 provincias y redujo la demora de la atención de 30 a 10 días. Este sistema cuenta con 1.978 personas protegidas.

53 por ciento de las 4.854 denuncias de abuso sexual a menores, entre 2014 y 2017, están judicializadas.

La necesidad de más fiscales
La Fiscalía recibió el año pasado 322.076 denuncias, que estuvieron a cargo de 841 fiscales. Para el fiscal Baca, esta realidad demuestra que hay una brecha por alcanzar de 584 fiscales más.