Fiscalía inició una investigación contra Pablo Celi y Paúl Pérez Reina

- 06 de diciembre de 2018 - 00:00
Simpatizantes del anterior gobierno acompañaron a José Regato Cordero (centro) a la comparecencia de este miércoles 5 de diciembre en la Fiscalía General del Estado, para reconocer su firma y rendir su versión.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

El Consejo Transitorio respondió que intentan detener el trabajo de reinstitucionalización del país y que todas sus resoluciones son legítimas. Juristas creen que la denuncia intenta encubrir la corrupción del anterior gobierno.

Con el reconocimiento de la firma plasmada en la denuncia presentada por José Regato Cordero, la Fiscalía General del Estado inició este miércoles 5 de diciembre la investigación sobre la presunta usurpación de funciones por parte del contralor del Estado, Pablo Celi, y del exfiscal general, Paúl Pérez.

Tras reconocer su firma, el denunciante rindió versión libre y voluntaria por alrededor de una hora, en donde se ratificó en el contenido de su escrito presentado el 20 de septiembre, pero no proporcionó mayores detalles debido a que la indagación no es pública.

“Hemos ratificado el contenido de la denuncia, nada más se puede informar porque estamos en un proceso de investigación reservada. La denuncia dice que los señores no se han posesionado ante la Asamblea Nacional, como dice la Constitución”, dijo Regato a su salida de la Fiscalía.

Rodeado por alrededor de 40 seguidores y simpatizantes del anterior gobierno, quienes lanzaban consignas de respaldo al denunciante y frases ofensivas contra el actual régimen, las autoridades y la prensa, señaló que su objetivo es que el Ecuador recobre su constitucionalidad.

Para Regato, la última consulta popular no autorizó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio posesionar a las autoridades, sino que, por mandato constitucional, ambos tenían que haberse instituido ante la Función Legislativa. “Esa posesión no existe, o sino que exhiban ese documento. Eso es usurpación de funciones”.

Armando Yépez, uno de quienes acudió a respaldar al abogado Regato, aseguró que es importante esta denuncia porque abre el camino para exigir que se respete la Constitución y las leyes.

En declaraciones a la prensa, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, defendió el lunes la indagación y aseguró que no existe persecución. “No todo lo que hace Fiscalía hay que satanizarlo”.

“Soy fiscal de carrera, llevo 12 años en la institución, por lo que a mí no se me nombró en la década pasada. No tengo afinidad con nadie ni compromiso con nadie”, agregó Palacios, al subrayar que toda investigación que se realice tiene dos propósitos: reunir elementos para proceder al archivo o reunir elementos para formular cargos.

Por ello advirtió que en este caso se practicarán diligencias y si no hay “sustento se archivará” el caso. Si existieran pistas “se abrirá la instrucción”, precisó.

El contralor Pablo Celi considera que la denuncia carece de sustento legal y que “el objetivo es exclusivamente político”, pero que a pesar de ello, dijo, entregará toda la documentación que solicite la Fiscalía.

A su criterio, estas acciones buscan deslegitimar a las autoridades que ejercen funciones públicas en el país y lamentó “que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos, impedir que se concluyan investigaciones y evitar que la Fiscalía se pronuncie sobre indicios que hemos presentado”.

La designación de Celi está amparada en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado donde dice que “(…) el Subcontralor General del Estado subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”.

A su vez, el exfiscal Paúl Pérez, quien fue nombrado como encargado por parte del CPCCS-T y posesionado el 3 de mayo de este año, ha preferido no pronunciarse sobre el tema.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Medina, recordó que de acuerdo con el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la usurpación es sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, pero consideró que la denuncia no prosperará porque carecería de sustento.

El pasado 28 de noviembre Fiscalía notificó a las partes el inicio de la fase de indagación previa e instrucción fiscal. La Fiscal general dispuso iniciar la fase preprocesal de investigación previa. (I)

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