El sistema de rehabilitación social tiene entre sus finalidades la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad (ppl) con atención a sus necesidades especiales; el desarrollo de sus capacidades para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad. Asimismo, la rehabilitación integral de los internos en cumplimiento de su condena y su reinserción social y económica.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), en las disposiciones transitorias, plantea la creación de un organismo técnico que cuente con personal especializado en rehabilitación y reinserción de los presos para administrar los centros de privación de libertad, evaluar la eficacia y eficiencia del sistema, además de fijar los estándares para la ejecución de los propósitos.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, indicó que se han reunido con personal del Consejo de la Judicatura (CJ) y del Consejo de Rehabilitación Social para determinar la estructura del organismo técnico y cómo se van a aplicar las transiciones y los beneficios penitenciarios.

La funcionaria indicó que el directorio de ese departamento estará integrado por los ministros o delegados encargados de las materias de justicia, derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y defensoría del pueblo. Además, se podrá invitar a profesionales capacitados en psicología, derecho, sociología, trabajo social, quienes asesorarán en las ramas de su competencia, pero no tendrán voto.

Entre sus tareas, el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, como política de salud pública y en un plazo de 90 días contados desde su conformación, iniciará en los centros de privación de libertad el proceso de evaluación médica a las personas privadas de libertad que en el cumplimiento de su condena hayan desarrollado un trastorno mental, debidamente comprobado. Con base en el informe emitido por el organismo técnico, la o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el traslado de estas personas a un centro de salud mental, a fin de que se les provea el tratamiento adecuado.

Zúñiga explicó que desde que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asumió sus competencias penitenciarias, se han realizado los exámenes médicos a los internos y que sí se ha trasladado a personas con trastornos mentales a los centros de salud especializados.

“El MSP ha levantado la información y según los diagnósticos se establecerá si los privados de libertad requieren una atención especial, sea para el pabellón de atención prioritaria o para traslados a centros de salud mental”, dijo la Ministra.

“También -agregó- debemos trabajar con ellos para verificar si existen lugares suficientes donde se los pueda albergar”.

Pablo Martínez, director encargado del Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas, indicó que para el próximo mes se tiene previsto incorporar a los primeros jueces de Garantías Penitenciarias, pero aún no precisó cuántos serían. Eso dependerá de la población carcelaria de las provincias. Hasta ahora esta materia ha sido manejada por los jueces de Garantías Penales.

Reos custodiados en el Lorenzo Ponce

Fabricio Delgado, director técnico del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, indicó que hace 2 semanas en el hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce están 16 privados de libertad. Cada uno de los internos permanece custodiado por agentes que se distribuyen en 3 turnos.

El funcionario mencionó que ellos reciben a los reos cuando hay una orden de un juez. “Les hacemos todos los exámenes necesarios, pero así tengamos el diagnóstico de que no deben estar aquí, tenemos que acatar la orden”, señaló.

En el psiquiátrico hay 140 camas, pero solo tenemos espacio para 2 o 3 personas más. En caso de que empiecen a enviar a varias personas, no habrá espacio.

“Muchos están usando una cama sin necesitarla, vinieron con algún cuadro que necesitaba tratamiento, pero ya están bien más de la mitad”, dijo Delgado.

Lo apropiado, según el especialista, es que el personal del Instituto de Neurociencias asista a los pacientes en el mismo reclusorio, dependiendo del cuadro de salud que estos presenten.

Para Delgado, es un peligro que los privados de libertad estén mezclados con los otros pacientes. Esto porque -según dijo- están vigilados por policías armados y en caso de algún descuido, cualquiera le puede quitar el arma y provocar un caos.