La puerta blanca está cerrada. Agentes de la Policía esperan que alguien responda al golpe sobre la madera. “Parece que no hay nadie”, dice uno de ellos. La parte baja del edificio del bloque número uno de las ‘casas colectivas’ está invadido por gendarmes ataviados con trajes negros y por otros representantes de instituciones del Estado.

Como el viento se propagó entre los policías la información de que ese inmueble, supuestamente, era utilizado para la práctica de abortos, lo que es ilegal. En la parte superior de la puerta se exhibe, en un pedazo de madera, el nombre del médico. Eso acrecienta las dudas, pero nadie se atreve a hacer afirmaciones.

Allí, apretados unos contra otros —como listos para entrar en estampida— están funcionarios de los ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social; personal de la Secretaría de Riesgos, Intendencia de Policía, Gobernación de Guayas y periodistas, camarógrafos y fotógrafos (además de un par de curiosos).

El recorrido continúa por los predios que fueron comparados, por un funcionario, con las instalaciones de la antigua Penitenciaría del Litoral, la que el año anterior terminó de ser derribada.

De repente una señora de la tercera edad aparece por uno de los accesos al condominio. Sus pasos son lentos y su rostro cansado. No tiene problemas en abrir la puerta blanca que conduce a una pequeña sala y 2 habitaciones. En una, se observa un improvisado consultorio médico: una camilla de ginecología, instrumentos quirúrgicos y una mesa con unas botellas transparentes que contienen líquidos de colores.

“Mi esposo trabajaba aquí. Él falleció en 1997, pero he dejado todo aquí”. Por las ventanas que dan hacia la calle hay una docena de curiosos, sobre todo mujeres que lamentan que a la ‘pobre mujer’ le hayan invadido su domicilio. Algunos comentan que eso es un rumor de hace varios años, pero ninguno de los habitantes que por ahí pasan quieren referirse al tema.

—Uno escucha de todo un poco aquí, pero tampoco puede meterse en problemas— dice un hombre con apariencia de mecánico.

354 departamentos

‘Casas colectivas’ es el nombre con el que se conoce a 2 bloques donde viven cerca de 380 personas en aproximadamente 354 departamentos, situados en un cuadro conformado por las calles Gómez Rendón, Calicuchima, av. Del Ejército y José Mascote, a unas cuadras del conocido Colegio Guayaquil.

Pedro Paredes, miembro de la asociación de inquilinos, relata que vive hace más de 46 años en el sitio y que tomaron el nombre de ‘Colectivas’ porque supuestamente se buscaba la unión entre vecinos.

“Hace 25 años todo empezó a deteriorarse y la unión que se esperaba no se dio. Lo primero que hubo fue pandillas y eso provocó microtráfico. Somos pocos los que nos preocupamos por lo que sucede, ni para un foco quieren colaborar”, manifiesta el ciudadano mientras camina por el callejón que divide a los 2 bloques y señala ventanas con telas metálicas rotas, tapadas con cartones o hasta con bloques de cemento.

En ese mismo pasadizo, dijo, unos lugareños rompieron la pared que da a la calle e improvisaron su propia entrada. Ahí están unos hombres bebiendo cerveza y escuchando música ‘chichera’.

Pedro recuerda que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) arrendaba departamentos a los afiliados. Si la memoria no lo traiciona —dice— había alquileres desde 40 sucres. Él pagaba 130.

“Hace más de 20 años teníamos un recaudador al que uno le daba una especie de alícuota para el mantenimiento. Era un ambiente completamente distinto. Hasta había personas que nos abrían y cerraban las puertas, limpiaban los pasillos, pero todo eso desapareció. Algunas puertas se robaron y desconocidos ingresan a consumir drogas. Yo los espanto, porque debo proteger a mi familia”, explica el ciudadano que al ser interrumpido por otros habitantes no detalla cómo fue que dejaron de pagar los arriendos.

Otras personas consultadas prefieren no referirse, algunos hasta se hacen los desentendidos.

En esta imagen se aprecia que la estructura del edificio fue modificada. Un inquilino creó un acceso directo desde uno de los callejones. Foto: William Orellana / El Telégrafo

Rompieron paredes y unieron departamentos

Desde afuera se evidencia un avanzado deterioro y el desorden de la edificación. La destrucción e insalubridad en los patios que quedan en el centro de cada inmueble es un ejemplo de ello. Una lama verdosa cubre los pisos, en la mitad, desde una alcantarilla destapada, rebosan aguas residuales.

Al levantar la mirada hacia los 3 pisos altos solo hay paredes despintadas y con moho, telaraña, filtraciones de agua, conexiones eléctricas clandestinas, medidores dañados, más ventanas con rejas destrozadas. Algunos habitantes han derribado paredes, tal vez a punta de martillazos, para unir departamentos o para crear nuevas puertas directas a habitaciones.

“Cuando quedaron departamentos desocupados, algunas personas que tenían familias numerosas unieron los espacios para vivir cómodamente”, revela una joven acompañada de otras 3 vecinas, que comentan la crítica situación del complejo habitacional, en el exterior de la Unidad de Policía Comunitaria del sector, ubicada en la esquina de Gómez Rendón y José Mascote. Susana, Elizabeth, Mercedes y su hija Roxanna, coinciden en que no están de acuerdo con la imagen de la ‘mala fama’ que le dan a los condominios.

Era refugio de ladrones

“Dicen que es un nido de ratas, que solo hay ladrones, venta y consumo de drogas y eso no es así. A veces cuando hay robos los delincuentes entran y se esconden aquí, porque faltan algunas puertas para tener seguridad”. Ni bien termina una de opinar empieza la otra.

“La realidad es que aquí vivimos buenas personas, que estamos preocupadas por lo que pueda pasar. No queremos quedarnos sin casa, estamos dispuestos a pagar el arriendo y los servicios básicos. Así no sea en este lugar. Ya soy mayor y no tendría donde vivir”, dice Susana, la voz más imponente de las 3 mujeres.

Deudas por pagar

Yullet Erazo, coordinadora provincial del IESS, manifestó que solo por el agua que ahí utilizan se deben más de $ 100 mil. Además que no cancelan ningún servicio básico. Las medidas que se tomarán para el bienestar de los habitantes y la cancelación de las deudas se analizarán en esta semana. (I)