En la madrugada del 21 de agosto de 2016, la Panamericana Norte y calle 8F, en Quito, se congestionó y una cinta amarilla de Criminalística de la Policía aseguró el perímetro, donde se hallaba abandonado un auto Kia Soul, color plomo, de placas PBJ-9243, en cuya cajuela se encontró el cadáver de la conocida ginecóloga Alexandra Elizabeth Soria Bohórquez, de 53 años, quien estaba reportada como desaparecida desde el 19 de ese mes por sus familiares.

Esta escena del crimen desató una investigación de tipo policial, social y psicológica de los personajes que rodearon a la víctima, entre ellas sus dos hijas, Lizet, de 29 años, y Camila, de 19. Sobre la última recayó la sospecha de su participación en el crimen por sus versiones contradictorias en cuanto a la desaparición de su madre.

Durante el proceso de indagación fiscal las especialistas en sociología y psicología entrevistaron a Camila, su hermana y demás parientes, así como a las personas relacionadas indirectamente con la familia Chamorro Soria. Estos informes fueron presentados por la Fiscalía durante el juicio.

Según el informe de trabajo social, basado en la entrevista de la perito Martha Chapanta Pérez a Camila Chamorro el 24 de noviembre de 2016, la joven se sentía frustrada porque su madre, nunca tomó en cuenta sus decisiones, lo que realmente quería, como tener un año sabático después de concluir la secundaria; estudiar la carrera de Comunicación Social y no medicina como se lo impuso, de ahí su fracaso de perder tres trimestres consecutivos en la universidad, y pese a ello la matriculó en otra para continuar esa profesión. Incluso llegó a pedirle a su hermana Lizet que hable con ella para dejar esos estudios, pero no pasó nada.

Eso no fue en lo único en que se interpuso su progenitora, -dijo la joven- sino también en su relación sentimental con el padre de su hija, a quien nunca aceptó y terminó por separarlos como pareja y de país, porque él se encuentra en Estados Unidos y ella con su hija vivían en Quito bajo la sombra de su mamá. Camila aparentemente mantenía una buena relación con su madre, pues nunca le contestaba a diferencia de su hermana que expresaba lo que pensaba a su madre.

Camila ya con 20 años de edad tiene una niña de un año y medio, que vivía con su madre y era atendida por una niñera, mientras ella asistía a la universidad. “Ella fue acumulando muchas cosas, pero llegó a un punto en donde explotó su agresividad”, señala Chapanta.

También la perito María Chiriboga Hurtado analizó los rasgos de la personalidad de la víctima y sus dos hijas. De Camila señala que tiene una inteligencia normal superior, sus rasgos afectivos tienen como base el narcisismo, el cual estaba dado en función de un sentimiento de inferioridad e inestabilidad, lo que generaron las tendencias de paranoia y obsesivas compulsivas. Es egocéntrica, ambiciosa y vanidosa. “Tiene conductas histriónicas, que generan una agresividad latente, falta de control y arranques temperamentales. Es bastante manipuladora, utilizaba sus encantos para conseguir lo que quería de las demás personas de su entorno.

En cambio, su hermana Lizet no era una bomba de tiempo efectiva en función de la agresividad que mostraba, indicaba en su informe.

En cuanto a Alexandra Soria, divorciada hace 20 años, Chiriboga se valió de un diario de la víctima que data de hace unas dos décadas, para estudiar post morten sus rasgos de personalidad. De ella dice, que dedicaba el 70% de su tiempo a su trabajo, el cual no era solo por mantener una situación económica estable y a sus hijas, era su forma de manejar su situación emocional. Le gustaba controlar su vida, la de sus hijas y de las personas que le rodeaban. Era una mujer planificadora, organizada, muy controladora, y eso la hacía presionar a su entorno para conseguir su perfección y de lo que manejaba a nivel laboral, familiar y social, que en función de esos rasgos se evidenció su ambición, narcisismo y vanidad.

Estos reportes junto con los informes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) dieron la pauta para dirigir la investigación hacia Camila, pues aparentemente tenía motivos para eliminar a su madre. El 15 de agosto de 2016, Lizet contó a su madre que Camila perdió por tercera vez la matrícula en la facultad de Medicina. El 18 de ese mes Alexandra Soria dispuso a su hija que busque los papeles para matricularla en otra universidad, pero Camila ya tenía otros planes.

El 19 de agosto la ginecóloga salió a las 14:30 de su domicilio, ubicado en la urbanización Vista Grande, en el sector de Miravalle, norte de Quito, con rumbo a su trabajo, regresó a la 21:30 a su residencia, minutos después ingresó Camila acompañada de un hombre, que después fue identificado como el guardia de seguridad de la urbanización, Ángel Gil Zambrano, quien con un objeto contundente golpeó en la cabeza a Alexandra Soria, lo cual le ocasionó un traumatismo craneoencefálico, que causó su muerte. A las 23:30 salen Camila y Gil en el carro Kia de su progenitora y lo dejan abandonado en la Panamericana Norte. Ella regresó en un taxi a su casa.

Posteriormente, en la madrugada del 20 de agosto Camila se contacta con su amigo Francisco Arias, a quien le revela que le “hizo la vuelta a su madre” y luego le entrega la tarjeta de la víctima para que retire dinero de dos entidades bancarias. Ella indica a sus familiares que su madre no llegó a casa y que la reporten como desaparecida. Sin embargo, (en) los vídeos de la urbanización contradicen esta versión, y los guardias ratifican que sí llegó la ginecóloga, así como registraron las entradas y salidas de su hija y sus amigos.

Al día siguiente del hallazgo del cadáver de Soria, Camila fue detenida y procesada por asesinato; en septiembre fue apresado Arias; y en noviembre Gil. Ellos también fueron a juicio con la misma acusación.

En septiembre de 2017, en la audiencia de juicio, el Tribunal Penal de Pichincha, integrado por Julio Obando, Luis Manosalvas y Paola Logroño, sentenció a Camila Chamorro como autora mediata o intelectual, y a Ángel Gil, autor directo, a 34 años ocho meses de privación de la libertad y multa de $ 375.000 para cada uno. Francisco Arias en calidad de cómplice, recibió una pena de ocho años y ocho meses de prisión, y una multa de $ 296.000.

Esta sentencia aún no está ejecutoriada o no se cumple, porque los tres condenados presentaron el recurso de apelación al fallo, pues se consideran inocentes del hecho. Esta nueva acción penal fue aceptada al trámite y la audiencia se efectuará el martes 23 de enero de 2018, a las 08:30, en la Corte Provincial de Pichincha. (I)