La fiscal Diana Salazar vinculará esta mañana a cinco personas más por el presunto delito de peculado en el denominado caso Singue.

Hasta el momento hay diez procesados, entre ellos el  exvicepresidente Jorge G. y los exministros Carlos P. Y. y Wilson P. Pero, en este proceso se sumarían Silvana P., quien es la representante de Gente Oil e hija de uno de los exministros procesados en primera instancia. Además se sumarían en el proceso César G. N., representante de Dygoil, que es el consorcio al que inicialmente se adjudicó este campo petrolero.

También formarían parte de este litigio Gustavo D. N., exsubsecretario de Hidrocarburos, además de Juan S. V. y Jorge A. C.

Este caso se abrió a raíz de un informe de agosto de 2016 de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Este organismo de control analizó la adjudicación del campo petrolero al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) en el que se habrían cometido irregularidades.

En el informe se explica que la tarifa de $ 33,50 por barril (a favor del consorcio) fue establecida sin sustento técnico, ni legal.

Sin embargo, en varias entrevistas con este Diario y otros medios de comunicación, Silva P. señaló que estas acusaciones no son “verdad y que el informe de Contraloría carece de sustento técnico y legal, lo que será demostrado en todas las instancias legales que se siguen” en el proceso.

Sobre los cuestionamientos a la tarifa de $ 33,50,  la representante de la empresa De Gente Oil pidió que se revisen las tarifas de todos los contratos.

Según las autoridades, el perjuicio al Estado es de $ 28’479.889 en la negociación del crudo del campo Singue.

Hasta el momento, de los 10 procesados, solo a Jorge G. y Carlos P. Y. se les dictó prisión preventiva. Mientras que para los ocho vinculados se dispuso medidas sustitutivas. La pena por peculado, según el Código Orgánico Penal, es de 10 a 13 años de prisión. (I)