Una de las principales causas por las que las víctimas de abuso sexual abandonan los juicios contra sus agresores es la serie de trabas que presenta el proceso, como el hecho de que sean obligadas a recordar y relatar cómo ocurrió la violación al menos cinco veces, desde que presentan la denuncia hasta que el caso llega a la etapa de juzgamiento.

Por esa situación, Marjorie (nombre protegido) desistió de seguir con el proceso legal contra el sujeto que el 11 de  enero pasado violó a su pequeña hija de 4 años, dentro de su domicilio, situado en un barrio del centro de Guayaquil.

La mujer cuenta que tuvo que esperar hasta cuatro horas en el Departamento de Medicina Legal de la Policía para que, pasadas  las 16:00, se le practique el reconocimiento ginecológico a su hija, eso después de que presentara la denuncia, a las 11:00, en la oficina de la Fiscalía.

Hasta esa hora la menor ya había repetido unas cuatro veces su agresión ante los policías, amanuenses y fiscales, sin contar que quien examinó sus partes íntimas fue un médico (ginecólogo hombre).

Al referirse a ese tema, la fiscal de delitos sexuales, Martha Gavilánez, recuerda que el Código de Procedimiento Penal recomienda que las víctimas de violación sean atendidas por profesionales de su mismo sexo. “No es que un varón no esté capacitado, pero el conflicto emocional que tiene una mujer al ser ultrajada y que luego un hombre revise sus partes íntimas, causa una experiencia traumatizante”, advierte.

Para evitar la revictimización (sentir que vuelve a ser agredida), menciona la agente, se necesita contratar a más  mujeres médicas para Guayaquil. También es urgente, dice, que haya psicólogos que acompañen a la víctima y que puedan evaluarla emocionalmente, así como también trabajadoras sociales.

Estos exámenes, resalta, son de suma importancia cuando en el abuso sexual no se produjeron lesiones físicas, como la ruptura del himen.

“Muchos casos se quedan en indagaciones porque no hay huellas de abuso. Ahí el análisis psicológico puede ser una prueba”, expresa la funcionaria, quien informa que esa unidad de la Fiscalía no tiene un equipo técnico que atienda y haga el seguimiento pertinente de los casos

Otro suceso que sirve para ejemplificar las falencias del sistema de justicia, que aún no protege de forma integral a la víctima, quien debe hacer reconstrucciones, relatos o declaraciones reiteradas de lo sucedido durante el proceso penal, es el que se dio el 1 de febrero de 2012 en el Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, cuyos jueces  declararon la inocencia de Jonny Ortiz Caicedo, alias “Negro Jonny”, a pesar de todas las pruebas presentadas por la Fiscalía de que el acusado habría violado a un niño de 4 años.

Uno de los argumentos que esgrimió el abogado defensor de Ortiz, fue que el niño no estuvo presente en el juicio para su comparecencia.

Sin embargo, para demostrar la culpabilidad del acusado, así como el estado físico y mental del menor, la fiscal que investigó el caso, Patricia Inga, expuso en el juicio los resultados de los peritajes médicos y sicológicos realizados durante más de un año al niño.

Finalmente, en ese caso que ocurrió en Cuenca, el Tribunal dio la razón al abogado de la defensa y liberó al procesado, a pesar de las evidencias presentadas.

“Es obligarla a revivir la experiencia, peor si la víctima es un infante”, explicó Paulina Garcés, asesora de la Fiscalía.
Ante esa situación, y para impedir la generación de más dolor en las víctimas, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, impulsó la implementación del Sistema de Atención Integral (SAI) en Quito, Guayaquil y Cuenca, equipado y atendido por profesionales.

En todos los delitos existe el riesgo de revictimizar al ofendido. No obstante, en los de carácter sexual, “repetir lo sucedido durante el proceso penal daña más a la víctima”, explica Patricia Inga, quien agrega que el objetivo es hacer prevalecer el artículo 78 de la Constitución, que garantiza que las víctimas de infracciones penales gocen de protección especial.

El SAI utiliza la cámara de Gesell, que impide que la víctima se enfrente con su agresor; permite grabar los testimonios y también que los jueces presencien las versiones de las partes. Así la víctima rendirá una sola declaración para todo el juicio.

También se instauró el registro fotográfico obtenido con alta tecnología, para evitar la repetición de exámenes o revisiones a las víctimas de delitos sexuales.

Con toda esta tecnología, más la adecuada capacitación de los operadores de justicia, se quiere dejar a un lado los problemas que dificultan la aplicación integral de la justicia, así como la adecuada reparación de las víctimas, dice  Chiriboga.

El sistema opera en su totalidad en Quito, y en los próximos días ampliará su atención en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.