La Fiscalía inicia indagaciones por falsas alarmas de bomba

- 03 de mayo de 2018 - 17:56
La última alarma se produjo en la Corte Provinvial de Justicia del Guayas.
Foto: Karly Torres / EL TELÉGRAFO

Las personas responsables de llamadas de emergencias falsas se enfrentan a penas privativas de la libertad entre 15 días y 13 años, según lo que señala el marco legal.

La fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, explicó que el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con una pena de 15 a 20 días de prisión a "la persona que de manera indebida realice uso del número único de atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos".

Según Morejón, a los responsables de las llamadas falsas se los podría acusar de terrorismo, de acuerdo con el peligro que se genere.

El COIP en su artículo 366 sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años a la persona que, "individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas”.

Las declaraciones de la autoridad se dieron en el marco del consejo de seguridad que se realizó en la Gobernación de Guayas, cuyo titular, José Francisco Cevallos, anunció cero tolerancia a las personas que realicen las llamadas falsas de emergencias.

“No vamos a permitir que los alarmistas jueguen con la seguridad. "Serán sancionados duramente, por lo que hago un llamado a la ciudadanía de abstenerse a realizar ese tipo de actos que, sin duda, causan conmoción social en la provincia".

El director del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 de Samborondón, Juan Figallo, reveló que desde los acontecimientos terroristas ocurridos en la frontera norte, en el país se generaron 47 falsas alarmas de bomba, de las cuales 17 corresponden a su jurisdicción.

Bajo este contexto, Morejón fue más allá y anunció la posibilidad, según los casos, de incluir en las investigaciones a las compañías operadoras del servicio de telefonía celular y fija.

"Dispondré a un fiscal que abra una investigación para establecer a quién le pertenece el número telefónico (de donde se realizó la llamada falsa) y de dónde se ejecutó; pero si no lo determinamos porque se realizaron con un chip adquirido libremente, direccionaré las investigaciones a las operadoras", dijo la fiscal Morejón.

A las empresas telefónicas se les aplicaría el artículo 194 del COIP que castiga con prisión de uno a tres años a "la persona que comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de telecomunicaciones", indicó.

Para la autoridad, las compañías de telecomunicaciones deben llevar un registro infalible de sus comercializadores de equipos y chips, lo cual facilitaría la ubicación de los infractores.

La última alarma de colocación de un artefacto explosivo que resultó falsa ocurrió, la tarde del miércoles 2 de mayo, en la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

El coronel Fausto Buenaño, jefe de Operaciones de la Zona 8 de la Policía, recordó que se movilizaron a 50 efectivos, que evacuaron el inmueble y cerraron un espacio de 50 a 100 metros a la redonda.

Buenaño destacó que toda llamada de auxilio que alerte sobre la colocación de un artefacto explosivo es atendida profesionalmente y se pide la actuación del personal de la Policía Comunitaria, Judicial y de la Unidad Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). 

Datos del Ministerio del Interior indican que hasta el momento son 6 los detenidos a nivel nacional por llamadas alertando falsas bombas. También hay menores aislados. (I)

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