El fiscal José Luis Jaramillo formuló cargos contra tres personas por el presunto delito de lavado de activos, tras determinar que la compañía Fondo Global de Construcción (Foglocons), constituida en Ecuador en septiembre de 2012, recibió transferencias por 159,9 millones de dólares entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre).

El funcionario explicó que el delito radica en que los volúmenes de exportación bajo ese sistema, desde Ecuador hasta Venezuela, tenían valoraciones inferiores a las cantidades de dinero recibidas por ese concepto, desde el país vecino. “Había graves distorsiones y procedimientos inusuales e injustificados”, manifestó Jaramillo durante la audiencia, que se desarrolló ayer ante el juez de la unidad judicial Florida Norte, en Guayaquil, donde estuvo presente el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga.

El informe del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) establece que entre lo que la compañía supuestamente exportó (casas y partes de piezas) y lo que recibió, justificaría solo 3,1 millones de dólares del total recibido mediante transferencias.

“Al no existir exportación y haber recibido volúmenes superiores a los 159 millones de dólares, el origen de ese activo es ilegal, se han constituido compañías de fachada, se han simulado operaciones societarias, económicas, comerciales y de comercio exterior, esto es exportaciones ficticias y sobrevaloración de bienes desde Ecuador hasta Venezuela”, enfatizó Jaramillo.

El juez Álex Silva dispuso la prisión preventiva contra dos de los tres acusados, de nacionalidades venezolana, colombiana y ecuatoriana, luego de escuchar los elementos de convicción presentados por el fiscal.

Además, ordenó la incautación de los activos fijos de la empresa y la retención de 47 millones de dólares en dos cuentas bancarias.

Asimismo, prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles de la compañía y de los procesados.

En la audiencia se detalló que fueron clonadas facturas en Ecuador para justificar la compra de divisas en Venezuela y las transacciones ilícitas. De esa manera, dichos documentos presentados a Aduanas de Ecuador “no reflejan ni el negocio ni el valor que esas mismas facturas muestran en Venezuela”. Una vez que esta compañía recibía el dinero, iniciaba la fase de “colocación” mediante pagos a falsos proveedores y clientes, que permitían la salida del dinero de Ecuador a través de transferencias que eran de 200 mil a 21 millones de dólares.

Chiriboga manifestó que la desarticulación de esta red delictiva es el resultado de cerca de un año de investigaciones coordinadas con el Servicio de Aduana, Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiera (UIF), la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías.

Informó que una vez que se inicie la instrucción fiscal, el expediente será remitido a la Fiscalía General de Venezuela, donde se inició paralelamente una indagación previa por unas importaciones que salían desde Tulcán, Carchi.

Según Chiriboga, “con este son ya 3 casos importantes en relación a exportaciones irregulares: está Fondo Global de Construcción, Pifogarden y Escastel, que han sido debidamente procesadas, con detenidos, y por lo tanto seguiremos profundizando estas operaciones”.

MODALIDAD DE DELITO, VIGENTE DESDE 2010

En octubre pasado, la Fiscalía ya había detectado este nuevo método de lavado de dinero, que consistía en una serie de movimientos financieros irregulares por actividad de comercio exterior entre empresas vinculadas de Ecuador y sus similares de Venezuela.

El fiscal José Luis Jaramillo, quien también investiga el caso, indicó que las empresas Escastel y Pifo Garden habrían operado ilícitamente desde el año 2010.

Los agentes conocieron que estas compañías exportadoras realizaban operaciones ficticias en el marco de la simulación de operaciones de comercio exterior y que las compañías, en su origen, tendrían la característica de fachada, es decir, de simples compañías de papel, dado que los socios accionistas y representantes legales aparecen como empleados del servicio doméstico, guardias de seguridad y mensajeros.

Además, estas compañías utilizaban en las operaciones simuladas facturas, informes y documentos públicos falsificados, indicó el fiscal.

Agregó que se han detectado operaciones en las cuales verificaron una sobrevaloración superior al mil por ciento.