La Fiscalía General del Estado inició 3 investigaciones distintas para determina responsabilidades por las presuntas irregularidades relacionadas con los 'Panama Papers'. De acuerdo a información difundida por la entidad, la medida busca determinar la existencia de indicios de responsabilidad penal, en delitos vinculados con el lavado de activos, defraudación tributaria y tráfico de influencias.

Las investigaciones de los ‘Papeles de Panamá’ iniciaron ante la filtración y publicación de 11 millones de documentos de la firma legal panameña Mossak Fonseca, vinculados con la creación de compañías en paraísos fiscales con el fin de lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.

1. Defraudación tributaria

El Ministerio Público detalló que uno de los casos es investigado por el fiscal Diego Correa ante una posible defraudación tributaria cometida a través de las operaciones de una oficina de consultores tributarios, que tendría nexos con el consorcio Mossack Fonseca y que tenía como centro de operación la ciudad de Quito. Esa oficina fue allanada el 12 de abril del 2016.

En esta investigación previa se obtuvo la autorización de un juez para la extracción de información de las computadoras portátiles y celulares encontrados en esa oficina. También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que realice un análisis a los documentos y en las cuentas bancarias que manejaba ese despacho de consultores tributarios.

2. Tráfico de influencias

En la investigación por presunto tráfico de influencias -a cargo del fiscal Franklin Bravo- es procesado el exgerente de Petroecuador, Álex B., por supuestamente adjudicar 140 contratos a favor de empresas en las que los accionistas serían sus familiares. Además, dichas compañías estarían vinculadas con paraísos fiscales.

Según los avances de la investigación, Petroecuador habría entregado los contratos a esas compañías beneficiarias, entre el junio del 2006 hasta abril del 2016, periodo de la gestión de Álex B.

En este caso se han receptado las versiones sin juramento de los representantes legales y empleados de las empresas contratistas.

3. Lavado de activos

En esta caso existen 7 detenidos. La Fiscalía detectó movimientos inusuales de dinero a través de la exportación de oro durante entre 2012 y 2014, lo que generó más de $ 1.000 millones, que tendrían relación con compañías en paraísos fiscales.

La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de Pichincha, Diana Salazar, a cargo de la investigación, solicitó la retención del dinero y de los bienes que se encuentran en poder de los procesados en audiencia de formulación de cargos realizada la noche del 17 de junio del 2016.

Los detenidos en este caso, serían parte de una red de contrabando de oro desarticulada en Quito, Guayaquil y Machala, a quienes se investigó por más de un año. Durante este tiempo se habría evidenciado que los procesados tendrían nexos con las compañías creadas por Mossack Fonseca. Estas compañías enviaban los cargamentos de oro a otras dos firmas con sede en Estados Unidos. Ese oro provenía presuntamente de la minería ilegal de Perú.

En la investigación por lavado de activos se han realizado peritajes, reconocimientos y el avaluó de los 100 vehículos, bienes inmuebles y equipos tecnológicos que fueron incautados en los 22 allanamientos realizados en junio pasado. (I)