El aliento se le cortó a María de Lourdes Mejía mientras explicaba a la audiencia, en el Foro Internacional sobre Desaparición Involuntaria, lo que las personas deben soportar cuando uno de sus familiares desaparece, y, a más de ello, la falta de solidaridad de las autoridades, en unos casos, o el quemeimportismo de otros.

Lourdes respiró profundo y continuó su explicación: “Es el amor lo que nos mueve a insistir a pesar de que no recibimos respuestas...”, pero sus palabras fueron interrumpidas por el llanto, tal vez porque se le vino a la mente la imagen de su hija que desapareció la tarde del 16 de enero de 2010.

“Han sido 4 años de una lucha insistente por ubicar a mi hija, he deambulado por las dependencias policiales, juzgados, fiscalía, calles, buscando ayuda, tratando de encontrarla”, expresó con la voz entrecortada y las lágrimas que inundaban su mirada.

Su narración hizo eco en la sala, donde alrededor de 200 personas, afectadas por la desaparición de algún ser querido, aplaudieron, muchas de ellas también llorando.

El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, conmovido por las historias de los afectados, fue enérgico al señalar que en el caso de Pichincha cambiará a los fiscales que atendían esas denuncias. “Cuando ustedes fueron a hablar con ellos tuvieron respuestas inadecuadas, insolidarias y hasta mal educadas; no estamos hablando de que se perdió un objeto cualquiera, estamos hablando de que desapareció un ser humano”, señaló.

Por este motivo adelantó que serán removidos los fiscales que atendían este tipo de casos y los nuevos funcionarios serán capacitados para que puedan ayudar mejor a la ciudadanía. “El compromiso es el de remover a esos fiscales, inclusive al Fiscal Provincial de Pichincha”, enfatizó Chiriboga.

El funcionario indicó que se elaborará un modelo de gestión integrado para que la investigación policial sea efectiva. “Haremos el esfuerzo necesario para empezar a cambiar las cosas”, agregó.

En esta línea, el viceministro del Interior, Javier Córdova, recordó que el Ministerio del Interior está trabajando para ayudar a las familias efectadas, para lo cual ya se dispuso la conformación de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), a la que fueron asignadas 246 personas entrenadas para enfrentar este problema y que ya empezaron a trabajar en el país.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, señaló que el trabajo de varios meses con las familias de los desaparecidos ya empieza a dar resultados, especialmente porque el presidente de la República, Rafael Correa, escuchó personalmente a los afectados y sus casos en una reunión en el despacho presidencial, a la que asistieron el ministro del Interior, José Serrano; la cúpula policial y representantes de la Fiscalía.

En este encuentro, que empezó temprano en la mañana y se extendió hasta la noche, el primer mandatario, sensibilizado por las historias y todo lo que han tenido que sufrir los familiares, se comprometió a incluir este tema en la reunión de Gabinete de la próxima semana, tendente a encontrar soluciones concretas para ayudar a las familias de los desaparecidos.

El Defensor del Pueblo señaló que en este camino están estudiando la creación de un bono para ayudar económicamente a los afectados, pues “muchas veces las personas afectadas dejan los trabajos o los pierden porque se dedican a tratar de localizar a sus seres queridos”.

Otra de las medidas para evitar que los casos sean archivados es que se los tipifique en el nuevo Código Penal. Al respecto, Rivadeneira señaló que el tema se discutirá en la Asamblea para incluir en un artículo del libro primero del COIP el delito de la desaparición involuntaria.

El foro internacional también servirá para obtener de los expertos en el tema recomendaciones que aporten a la elaboración de una estrategia que ayude a encontrar a las personas desaparecidas y los casos puedan resolverse.