A poco tiempo de cumplirse 4 años de la desaparición de María Guerrero, la investigación en torno al hecho no muestra avances, aunque según María Mejía -la madre de la víctima- hay indicios de que la expareja de su hija tendría algo que ver, ya que fue la última persona con la que se encontró el 15 de enero de 2010.

Las pistas, en su mayoría, Mejía las consiguió por su propia cuenta, a pesar de que denunció a las autoridades la desaparición y le asignaron agentes investigadores. “Me han cambiado de fiscal tres veces y eso siempre demora las indagaciones. Hasta que el fiscal conozca el caso siempre pasan semanas”.

Mejía preside la Asociación Nacional de Asesinados y Desaparecidos del Ecuador (Anadea) que agrupa a 146 personas que tienen este problema.

Según ella, la mayor dificultad que ha enfrentado es la falta de seguimiento. “Al exmarido también lo involucraron en la muerte de otra mujer y ahora está prófugo”, aseguró. Otro problema es que ha gastado mucho dinero en la búsqueda, especialmente en transporte, copias, incluso a veces ha pagado la movilización de los agentes.

Algo similar le sucedió a Jimena Díaz, quien denunció la desaparición de su padre, Corazón de Jesús Díaz Espinosa, de 84 años, el 18 de mayo de 2013. Esa mañana salió de su casa, en el sector de la Mitad del Mundo, para caminar como de costumbre, pero no regresó.

A pesar de que le asignaron un agente -que le ayudó mucho al principio-, después redujo su colaboración porque tenía otros casos que atender y así se demoró la investigación. Por eso empezó la búsqueda por su cuenta y descubrió que su padre posiblemente subió a un transporte interprovincial. Según testimonios de conductores, llegó hasta San Lorenzo y, finalmente, un chofer le indicó que allí dejó a su papá.

Esos datos la condujeron hasta Guayllabamba, en donde perdió la pista y hasta el momento nadie la ha ayudado. “Hay un total desinterés, además de que no existe el personal capacitado”, manifestó la mujer.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, mencionó que las desapariciones involuntarias no constituyen un delito, lo cual es una dificultad para la Fiscalía que recibe la denuncia y la envía a una oficina administrativa, donde muchas veces se detiene el caso, especialmente cuando no hay familiares que presionen, reconoció.

Tampoco hay cifras oficiales sobre estos casos. “Por las denuncias que recibimos en la Defensoría existe un promedio de 100 personas que llegan a las oficinas, a nivel nacional, para denunciar algún caso de desaparición.

De ese número, el defensor estima que aproximadamente el 50 por ciento se resuelve porque el familiar regresó o algunas veces fue un malentendido. “Igualmente debería haber una oficina que haga ese seguimiento y registre la novedad, lo cual ayudará a dimensionar mejor el problema, ya que no existen estadísticas de este tipo”, expresó el funcionario.

El escaso personal de la Policía y Fiscalía especializados en esta materia es otro factor limitante, lo que en muchas ocasiones desanima a la ciudadanía, afirmó Rivadeneira.

Para aportar con la resolución del problema, la Defensoría del Pueblo y familiares afectados trabajan en la implementación de un sistema coordinado interinstitucional, que contempla crear una red en los hospitales del país donde -incluso- se pueda averiguar el ingreso de los pacientes en las morgues.

Todos esos puntos serán abordados en un foro auspiciado por la Defensoría del Pueblo junto a la Anadea, el jueves 12 de diciembre.

Al encuentro acudirán expertos internacionales y autoridades del Ministerio del Interior, de Justicia y la Fiscalía.