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El Telégrafo
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Escasez de guías complica control en cárceles

En el ingreso al CRS Regional de Guayaquil hay tres tipos de detectores de metales. Toda persona que ingresa debe pasar por estos filtros.
En el ingreso al CRS Regional de Guayaquil hay tres tipos de detectores de metales. Toda persona que ingresa debe pasar por estos filtros.
Fotos: Lylibeth Coloma / EL TELÉGRAFO
04 de junio de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

Los miembros de las pandillas Latin Kings y Quevedeños se enfrentaron el fin de semana en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, dejando como saldo un recluso muerto a causa de cortes y golpes. Seis internos informaron a los agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) que supuestos integrantes de la banda Latin Kings aparecieron con armas blancas cuando estaban en el patio y los agredieron.

Hacinamiento y falta de agentes penitenciarios
Liliana Guzmán, viceministra de atención a personas privadas de la libertad del Ministerio de Justicia, detalló que en Ecuador hay 64 centros de privación de libertad y que de estos 30 son de rehabilitación social y 34 de detención provisional. La población penitenciaria bordea los 37.700 internos y existe un hacinamiento del 38%. La funcionaria reveló que una de las principales falencias de las cárceles es la falta de agentes de tratamiento penitenciario.

En el país hay 1.522 vigilantes para todos los internos, lo que significa un agente por cada 48 internos (pues se dividen en tres turnos) y “lo recomendable es tener uno por cada 10 privados de la libertad”, asegura.

Guzmán explica que en las cárceles hay filtros de seguridad, de modo que todo el que ingresa debe pasar por ellos y que los objetos más confiscados son droga y celulares.

A la fecha, 39 ciudadanos permanecen en prisión porque  intentaron ingresar artículos prohibidos, delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con pena privativa de libertad de uno a 3 años.

Guzmán agrega que no solo los familiares se arriesgan a cruzar “cargados” por los detectores de metales y de cavidades  sino los mismos privados de la libertad cuando regresan de las audiencias.

“Pero también hay servidores públicos que se dejan seducir por el dinero, de ahí que este año fueran capturados una funcionaria y cuatro agentes de seguridad penitenciaria (ASP), también policías”. Adicionalmente explicó que existe un Organismo Técnico de Rehabilitación Social, presidido por el Ministerio de Justicia y conformado por 8 instituciones, que analiza la situación en cada recinto penitenciario y gestiona la reubicación de grupos o personas para disminuir el encuentro entre las bandas. “Obviamente siempre habrá falencias y cosas por mejorar”, enfatizó. Guzmán destaca los cambios en la infraestructura carcelaria, sobre todo la construcción de los tres centros regionales de Guayaquil, Latacunga y Turi, donde los privados de la libertad están distribuidos por peligrosidad.

Aunque sí hay internos que buscan reinsertarse en la sociedad y acceden a los programas de rehabilitación: el 33% de la población penitenciaria participa en actividades laborales, 35% en educativas y 16% en culturales.

Unidad de inteligencia
Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, explicó que la Policía Nacional cuenta con la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, que recaba información sobre cómo los internos continúan delinquiendo y cuáles son sus contactos y quiénes lideran las disputas por el control de las áreas. En lo que va del año, los agentes ejecutaron 32 requisas, mientras que el año anterior hicieron 248.

 El artículo más decomisado fue el celular: en 2017 se confiscaron 1.596 y en 2018, 142.

Pero también hallan licor, joyas, cigarrillos, drogas, municiones, armas de fuego, etc.

 “Estos se comercializan así. Si algo afuera cuesta $ 10 adentro lo venden en $ 70. Es muy complejo combatir esto, pues suelen estar involucrados guardias penitenciarios”.

Aparte de las requisas hay operativos especiales enfocados en desarticular organizaciones criminales lideradas desde los centros. Tipán asegura que el delito más cometido u organizado desde los CRS es la extorsión. “El año pasado detuvimos a 119 personas por esta causa; entre los aprehendidos hubo 6 servidores policiales”. En mayo pasado, la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (UCTCI) descubrió que un interno cuyo alias era “Óscar” lideraba una banda de tráfico de drogas y contactaba a personas en Colombia para que transportaran droga hasta Guayaquil. Carlos Alulema, director Nacional de Antinarcóticos, expresó que este es un fenómeno habitual porque en los centros hay corrupción. (I)    

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