Fernando R. M., exasesor del Ministerio del Deporte, fue detenido por personal de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en el sector Monte Bello, en Guayaquil. Sobre el procesado pesaba 2 órdenes de detención emitidas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por peculado y tráfico de influencias.

El procesado Fernando M. fue acusado como autor de peculado, el cual establecía indicios de responsabilidad penal en la suscripción de 6 contratos por parte del Ministerio del Deporte, pues se evadieron procedimientos que determinaba la ley.

En abril de 2016, el Tribunal de la Sala Penal de la CNJ reformó la sentencia dictada contra Raúl C., exministro del Deporte, Patricio S. y Fernando R. M., exfuncionarios y les impuso 5 años de pena privativa de libertad por peculado y el pago de una multa de $ 952 y reparar integralmente al Estado.

Según los jueces, la Fiscalía demostró que los ahora sentenciados no observaron los procedimientos contractuales para la adjudicación de contratos en la construcción de obras deportivas en las provincias de Morona Santiago e Imbabura, durante la administración de Raúl C. entre 2006 y 2008.

Los 3 procesado fueron sentenciados según el tercer artículo enumerado a continuación del 257 del Código Penal, vigente a la pena en que ocurrieron los hechos.

Sentencia por tráfico de influencias

En los procesos judicializados dentro de las investigaciones se detalla que en el Ministerio del Deporte existieron casos por tráfico de influencias.

En enero del 2016, el exministro del Deporte Raúl Carrión, Fernando Moreno, asesor ministerial y Patricio Sánchez, colaborador del Ministerio, fueron a 5 años de prisión por tráfico de influencias, pese que la Fiscalía los acuso por peculado.

El Tribunal cambió el tipo de delito porque el peculado menor tipificado en el artículo 257 del Código Penal, aparece en el artículo 285, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.

Ante los hechos, la Fiscalía probó que los 3 ciudadanos se aprovecharon de sus cargos para adjudicar los contratos de manera ilegal a personas naturales y jurídicas. (I)