Exalumnos del colegio Mejía denunciaron supuestas torturas

- 07 de junio de 2018 - 00:00
Los supuestos afectados, sus familiares y el abogado que los representará en la causa llegaron la mañana de ayer a la Fiscalía General.
Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

Édison Saquipay, exalumno del Colegio Nacional Mejía, recuerda claramente su detención y la de sus compañeros la noche del 18 de septiembre de 2014.  

Fuerzas policiales irrumpieron en las inmediaciones de la institución con el fin de mitigar las protestas estudiantiles que ese día se efectuaron en las calles del centro-sur de Quito.

“Viví una noche de terror”, expresó el joven y aseguró que en la Unidad de Policía Comunitaria de la Basílica fue golpeado reiteradamente por los uniformados. Saquipay mencionó que varios de sus compañeros estaban ensangrentados y que muchos tenían entre 11 y 14 años.   

Carlos López, quien asistía al colegio en la jornada nocturna, indicó que unos 100 adolescentes fueron trasladados hacia el Regimiento Quito, en el centro de la ciudad. “Ahí nos trataron mal, algunos de mi compañeros tenían su cabeza rota, nos golpearon”.

El 19 de septiembre se realizó la audiencia en la Unidad de Flagrancia contra 41 jóvenes, se les dictó prisión preventiva y fueron trasladados al Centro de Detención Provisional (CDP).

Tras cuatro años del acontecimiento, Gonzalo Realpe, abogado de los exalumnos afectados, indicó que 17 de los 60 aceptaron poner una denuncia por el delito de tortura en contra de José Serrano, exministro del Interior; de Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura; Carlos Chiriboga, jefe del Regimiento Quito, entre otros.

La denuncia fue puesta en la Fiscalía General del Estado la mañana de este miércoles 6 de junio.     

El jurista indicó que el expediente cuenta con 37 exámenes médicos que comprobarían la supuesta agresión.

Sostuvo que José Serrano fue al Regimiento para constatar la detención. “No presentamos esta denuncia antes porque Jalkh hubiera botado a la basura este caso. Esperamos que la denuncia sea calificada como crimen de Estado, cuya pena es de 16 años”.

Realpe agregó que también presentarán una denuncia contra Augusto Espinosa, actual asambleísta y exministro de Educación, puesto que los jóvenes fueron expulsados del colegio y trasladados a otros. (I)

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