La audiencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, prevista para esta tarde, en la que se decidiría sobre la extradición de Galo Lara, fue suspendida debido a que el exasambleísta ecuatoriano y sus abogados no se presentaron, informaron medios panameños.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, indicó que la suspensión se dio porque Lara habría manifestado problemas de salud.

En la diligencia debía tomarse una decisión sobre el incidente de objeción que presentaron los abogados defensores del exlegislador contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, que declaró procedente su extradición a Ecuador.

Según los medios panameños, la audiencia se fijó para el próximo miércoles 17 de septiembre, a las 16:00.

Ayer trascendió que la defensa solicitó la comparecencia del expresidente Ricardo Martinelli, de los excancilleres Fernando Núñez Fábrega y Francisco Álvarez De Soto, la exvicecanciller Maira Arosemena y de una funcionaria de apellido Cerdeira, entre los panameños, y de los expresidentes ecuatorianos Abdalá Bucaram, asilado en Panamá, y Lucio Gutiérrez.

El abogado y exembajador panameño en la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, vinculado a la defensa de Lara, alegó en declaraciones a la agencia EFE que Panamá está actuando "aceleradamente" en este caso. Sin embargo, un portavoz de la CSJ señaló que esto obedece a que la audiencia pública se efectúa bajo el régimen del sistema penal acusatorio.

La Justicia ecuatoriana condenó el año pasado a 10 años de prisión a Lara  tras ser declarado cómplice del asesinato de Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco, y el hijo de ambos, de tres años de edad, en agosto de 2011, en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos.

El exlegislador se encuentra detenido desde el pasado 11 de junio, después de que la CSJ panameña resolviera que debe permanecer en prisión preventiva hasta que la Cancillería decida sobre su extradición a Ecuador.

El político llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del entonces presidente, Ricardo Martinelli, le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró porque, según explicó, recibió documentación de Ecuador que "constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política" en contra de Lara.