En el Ecuador existen procesos judiciales en contra de sindicatos de choferes profesionales, que emitieron licencias de manera irregular en el período 1999-2000. Así lo indica Guillermo Abad, representante de Justicia Vial, quien explica que en ese tiempo se comercializaron al margen de la ley 60.124 títulos de conducción profesional. 

“En ese entonces la capacidad física de las escuelas era apenas para 6 mil alumnos, lo que quiere decir que 54 mil personas compraron el título”, dice Abad.

Menciona además que los 6 mil alumnos tampoco debían graduarse, pues los sindicatos no contaban con los  vehículos necesarios para que los aspirantes a conductores practicaran. Abad explica que existen dos tipos de irregularidades, una es la falsificación del documento y otra la clonación de la licencia.

Este último caso se constató cuando un bus de la cooperativa de transporte “Reina del Camino” se accidentó en el 2010, y el conductor manejaba con una licencia clonada, es decir, el número de registro del documento pertenecía a otra persona. 

Alrededor de tres mil dólares era el costo por emitir una licencia al margen de la ley, de modo que en mil licencias el resultado es de 3 millones de dólares. “Es un negocio criminal lucrativo y lamentablemente la gente se siente tentada”, explica Abad.

Por su parte, Víctor Jiménez, de Covial, manifiesta que en este período surgieron dos juicios, uno por falsificación de documento y otro por asociación ilícita entre la entonces Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, con todos los sindicatos del mismo gremio.

En el 2005 en la Primera  Sala de lo Penal de Pichincha se dictó sentencia  contra cuatro personas. El 31 de marzo de 2010 se presentó una denuncia en contra de esa práctica y al mismo tiempo por irregularidades en el tema de rutas y frecuencias.

Sin embargo, las denuncias en el tema de licencias no pararon, ya que  en el período 2001-2003 se habría pretendido habilitar a 30 mil conductores en las mismas condiciones, lo que obligó al Consejo Nacional de Tránsito (CNT) a cerrar las escuelas de conducción profesional desde el 2003 hasta el 2008, y además suspender la aprobación de esos alumnos. En ese entonces existían 80 escuelas de conducción profesional que eran regentadas por los sindicatos de choferes. 

En el 2005, por presión gremial, el CNT autorizó registrar a cerca de 13 mil alumnos de 30 mil, los 17 mil restantes no podían ser aprobados, pues una lista de alumnos matriculados a la que los representantes de Covial y Justicia Vial tuvieron acceso mostraba varias irregularidades.    

Wilson Orosco, ex secretario de actas del sindicato de Pichincha, fue detenido en delito flagrante por la  adulteración de licencias, por lo que fue sentenciado.

Entonces, a través de la Fiscalía se abrieron indagaciones previas para los sindicatos de choferes profesionales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Huaquillas, Santa Elena, El Triunfo y Ventanas.

En Santo Domingo de los Tsáchilas está próxima a instalarse la audiencia oral de juzgamiento y el dictado de la sentencia.

Son cuatro los procesados: Víctor Kléver Villacís Espín, ex secretario general del sindicato; Edwin Napoleón Sandoval, ex secretario de actas; Mariuxi Alcívar Zambrano, ex funcionaria de la entonces Comisión Provincial de Tránsito, y Fernando  Fonseca Rodríguez, ex director ejecutivo de la misma institución.     

En Huaquillas fue sentenciado César Enriques Cún Gallegos, ex secretario general del sindicato, quien se declaró culpable del delito.

En Santa Elena está próxima la formulación de cargos de Wilson Zamora, quien tiene orden  de prisión preventiva, al igual que dos funcionarios de El Triunfo: Merlis Anchundia, ex secretario general; y Víctor Cordero, ex secretario de finanzas.

En este caso los funcionarios trataron de registrar 703 nombres en el período 2001-2003, cuando los matriculados para obtener los títulos eran 126. En Ventanas se continúa con la indagación previa a varios funcionarios.

Abad manifiesta que de los cerca de 700 mil choferes profesionales que existen en la actualidad, la mitad realmente no está debidamente capacitada. Jiménez concuerda con ello y afirma que la emisión de licencias irregulares es un factor que influye innegablemente  en la siniestralidad.

El transporte público ocupa el  12% del parque automotor en el país, sin embargo está involucrado en el 40% de los accidentes. Por lo tanto, el enfoque debe ser multidisciplinario, pues los choferes no están calificados para conducir.

Tanto Abad como Jiménez dicen estar preocupados porque en 5 meses alrededor de 30 mil alumnos obtendrán el título de conductores profesionales.   

La recategorización de licencias, afirman, es un claro ejemplo de que en el Ecuador, inequívocamente, se vendían licencias.