Hace un mes el ‘Bus de atención móvil de la Cancillería’ llegó a la provincia de Santa Elena para explicar a la ciudadanía, sobre todo extranjera, cómo se efectúa la tramitación de pasaportes, dar asesoría de visados, difundir programas de protección e inclusión de migrantes e impulsar que todas estas diligencias se realicen sin intermediarios para evitar ser víctimas de fraude.

Freddy Villao, intendente de Policía de Santa Elena y quien participó de la jornada, explicó que se coordinaron acciones para que el personal de la Cancillería visite la zona. Esto sucedió en virtud de que junto con los habitantes de la comuna Montañita (nacionales y extranjeros) presentaron el requerimiento de regularizar la situación de los foráneos que llegaron como turistas, pero decidieron quedarse porque les agradó el sitio, pese a que finalizó el plazo de su estadía legal.

En aquella oportunidad acudieron aproximadamente 200 personas para registrar sus datos. Un buen porcentaje de ellas tramitó la renovación de su estadía. Esto ocasionó que los extranjeros que no acudieron solicitaran una nueva visita del ‘Bus de atención móvil de la Cancillería’, lo que la Intendencia gestiona hasta el momento.

Sobre los resultados del recorrido, Eliana Larrea, coordinadora de la Zona 5 de la Cancillería, que abarca las provincias de Guayas, Bolívar y Los Ríos, informó que fueron atendidos 371 ciudadanos.

La ruta, a más de Montañita, incluyó Guaranda (Bolívar) y Quevedo (Los Ríos). Larrea comunicó que en la jornada de diciembre emitieron 98 pasaportes, 2 legalizaciones de documentos y 7 visados para extranjeros, y agregó que muchas personas no lo tramitaron porque no tenían todos los documentos disponibles, pero que ya está listo el cronograma para nuevas visitas.

Lo que dice la ley
Villao manifestó que la idea es normalizar su permanencia y no efectuar deportaciones, por lo que se buscan todas las alternativas posibles, ya que la Constitución de la República, en su artículo 66, numeral 14, prohíbe la expulsión de extranjeros y les otorga el derecho a transitar libremente, siempre y cuando estén regulados por la ley.

El artículo 23 de la Ley de Migración establece que al Intendente de Policía le compete el ejercicio de la acción penal de deportación de extranjeros, e iniciar el juzgamiento de oficio; a base del informe expreso del agente de Policía del Servicio de Migración; de la respectiva notificación de juez o tribunal; del Director de Establecimiento Penitenciario o del director del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, Villao explicó que en caso de que una persona sea detenida, revisarán sus antecedentes y le darán la oportunidad de legalizar su permanencia, a menos que sea requerida por las autoridades.

Villao mencionó que la Ley de Migrantes, expedida en 1971, por su antigüedad, debe interpretarse de manera acertada para aplicarla en armonía con la reciente Constitución de la República, hasta que se apruebe el proyecto de Ley de Movilidad Humana que está a consideración de la Asamblea Nacional.

Al respecto, Eliana Larrea declaró que el plan está en construcción y que su objetivo es recoger aquellas normas dispersas, entre estas la Ley de Migración y la Ley de Extranjería.

“Sería algo integral, pero está en análisis, se están recogiendo aportes de la ciudadanía y organizaciones que manejan temas migratorios”, enunció.