Bryan M.Z., profesor del colegio réplica Aguirre Abad, enviaba -el año pasado- mensajes sugestivos a los estudiantes varones de secundaria. Así lo denunció Enrique E., representante del Comité de padres de familia de la unidad educativa. Los jóvenes que recibieron esos textos comunicaron a las autoridades del plantel, pero estas no tomaron las medidas del caso.

Un año después, Bryan M. fue detenido como sospechoso de violación a niños, de entre 6 y 8 años, dentro de uno de los baños del colegio. Él fue reconocido por una de las víctimas.

Este profesor no fue el único implicado. Otros dos docentes fueron apresados y uno se encuentra prófugo. Por información que aporte a la localización de este último hay una recompensa de hasta $ 10.000.

La fuga ocurrió el viernes 6 de octubre cuando la exrectora Patricia Cuenca no permitió el ingreso de las autoridades al establecimiento, informó el fiscal César Peña, encargado de la investigación. El funcionario detalló que la ciudadana fue convocada a rendir una versión libre y voluntaria para hoy, a las 11:00.

Además, Patricia Morejón, fiscal provincial de Guayas, confirmó que Cuenca es investigada por el supuesto delito de fraude procesal.

Ayer, un grupo de padres de los estudiantes mantuvo una reunión con el interventor del plantel, Nelson Loor, quien les explicó las nuevas normas de seguridad que se implementarán. “Nos dijeron que van a contratar guardias y a poner cámaras de videovigilancia para que lo que ocurra en el colegio quede grabado y así evitar problemas como los acaecidos en la sección vespertina.

Respecto a la indagación, una madre que salía presurosa del colegio dijo que “todo está en manos de la Fiscalía y estamos tranquilos porque nada malo volverá a pasar”.

Políticas de selección

El personal directivo, docente y administrativo de los establecimientos educativos será evaluado al menos 2 veces al año, con el fin de verificar la idoneidad técnica, profesional, psicológica y ética. Así lo establece el numeral 11 del artículo 3 del acuerdo firmado por el ministro de Educación, Fander Falconí, el 23 de junio de 2017, que establece las políticas públicas para la selección del personal.

Son 13 puntos, entre los que se precisan que los promotores y representantes legales de las instituciones confirmarán que los postulantes no registren antecedentes judiciales en temas de violencia física, psicológica y/o sexual.

Falconí, en un conversatorio con medios de comunicación, destacó que  en el acuerdo se incluyó que “los padres de familia estén presentes en los procesos de selección, en el seguimiento y evaluación de los docentes. Para generar corresponsabilidad”.

Adicionalmente, mencionó que antes de publicar este acuerdo se instruyó al personal de establecimientos educativos que se realicen sumarios a las personas vinculadas en casos de violencia sexual, para su desvinculación definitiva.

“Una autoridad educativa o un profesor que ha sido sancionado no puede, ni debe, volver al sistema educativo. Tenemos 3 niveles de evaluación: Primero, pruebas psicométricas en todos los concursos para ser elegibles, eso está establecido para los que ingresan en este momento al magisterio ecuatoriano. En segundo lugar, a propósito del caso Aguire Abad, hemos ordenado pruebas psicométricas a todos los docentes de la oferta pública ecuatoriana, tanto a los que son parte del magisterio como a los que entran por contrato”, explicó el Ministro.

Agregó que en el último punto también se dictaminó que se realicen estas pruebas en los planteles particulares. Esta herramienta incluye test de personalidad en los que se indagan conductas relacionadas con la sexualidad, consumo de drogas, entre otras problemáticas.

Detenidos no eran de la red

Agustín Lindao, presidente de la Red de Maestros de la Zona 8, que agrupa a más de 18.000 docentes de Guayaquil, Durán y Samborondón, reveló que “revisados sus registros, ellos (los 4 implicados en el delito) no pertenecen a esta organización. Hay que sancionarlos sean o no de la red”.

En torno a la exrectora Patricia Cuenca, quien sí pertenece a la red, enfatizó que las autoridades determinarán responsabilidades y sanciones. Instó a la ciudadanía a involucrarse en el tema que no solo depende de las autoridades. “Todos debemos participar, informar y denunciar”.

Consideró que las rutas establecidas por el Ministerio de Educación para casos de violencia no se acercan a la realidad. “Queremos que se mejoren para que estos no queden en la impunidad y lleguen de inmediato a la Fiscalía”.

Lindao precisó que las pruebas de selección deben ser más minuciosas aunque se realizan durante 9 meses con evaluaciones psicométricas, psicológicas, entre otras. (I)

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Test no predice si alguien cometerá delitos sexuales

No hay un instrumento o tipo de evaluación validado técnica y científicamente que permita identificar de manera certera, fiable, si una persona va a abusar de otra o no, o si alguien es un abusador sexual de niños en potencia, explicó Zoraya Bohórquez, directora Científica de Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. “Hay unos que permiten evaluar los riesgos de reincidencia, cuando alguien ya ha cometido el delito o tiene antecedentes, igual con sus alcances y limitaciones, dentro de los parámetros éticos que debe tener la ciencia”.

La especialista indicó que puede ser reprobado a nivel ético que un psicólogo a priori o con evaluaciones básicas determine que una persona tiene probabilidades de cometer un delito sexual y otra no.

Bohórquez manifestó que para realizar un sistema de selección apropiado y evitar cualquier tipo de violencia infantil y adolescente hay que comprobar que la persona que quiere ser maestro goce de buena salud mental que se certifica a través de evaluaciones (que no tenga trastornos que le impidan trabajar con niños), que no tenga antecedentes de violencia sexual.

“El violador no se hace de un mes o de un día a otro. Hay evaluaciones más profundas en las que se buscan otros tipos de riesgo, pero son más complejas. Deberían hacerse, pero en los colegios aún hay quejas de que ni siquiera existe el número de psicólogos adecuados para la cantidad de alumnos que hay”. (I)