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La fiscalía llamó a estrados a 28 testigos durante las audiencias

En el caso Coopera 7 personas son juzgadas por delito de peculado

El año pasado muchas personas fueron afectadas por el cierre de la entidad y hoy se juzga a los responsables. Foto: Juan Rodríguez/ El Telégrafo.
El año pasado muchas personas fueron afectadas por el cierre de la entidad y hoy se juzga a los responsables. Foto: Juan Rodríguez/ El Telégrafo.
16 de mayo de 2014 - 00:00 - Redacción Justicia

A casi un año del cierre de la cooperativa de ahorro y crédito Coopera, en Azuay, en los tribunales penales de Cuenca se resuelve la situación jurídica de 7 procesados por el presunto delito de peculado.

Al cerrar las puertas Coopera, se abrieron 2 causas penales: una por lavado de activos, en la que estuvieron involucradas 9 personas. Y, otra por el delito de peculado, en la que están imputados 7, que hasta ayer se cumplió el tercer día de audiencia de juzgamiento.

Lavado de activos

En octubre del año pasado, el Juzgado Primero de Garantías Penales llamó a juicio a los 9 procesados: los ecuatorianos Raúl C., Aldo C., Claudio A., Marcelo V.V., Marcelo V.G., Rodrigo A., y los venezolanos Yavi C., José M. y Luis C., en calidad de posibles autores del delito de lavado de activos.

En enero de este año fue anulada la causa por las juezas de la Segunda Sala Penal, porque el juez original no dio el tiempo necesario para la preparación de la defensa.

Peculado

El fiscal Alfredo Serrano indicó que en este caso las 7 personas son procesadas por su presunta participación en los “malos manejos” de Coopera. A la audiencia asisten 6, porque uno se encuentra prófugo.

De los 28 testigos que convocó la Fiscalía, los 4 primeros se presentaron en el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay, que representan a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Nuevamente, ayer se reinstaló la audiencia que se encuentra en la etapa de recepción de versiones de los testigos de la Fiscalía.

Con el informe de auditoría efectuado a Coopera y la denuncia del superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome, el 3 de julio de 2013 se iniciaron las investigaciones judiciales.

En enero de este año, el juez de Garantías Penales del Azuay, Miguel Arias, llamó a juicio a 7 sindicados y dio el sobreseimiento provisional a uno. El 25 de marzo, la Primera Sala de lo Penal ratificó el auto de llamamiento a juicio.

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