Cuatro meses tomó el análisis del Ejecutivo para declarar el estado de excepción en el sistema penitenciario.

Finalmente, esa aspiración de exfuncionarios de la entidad, como Ricardo Camacho y de Ernesto Pazmiño, actual director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, se consolidó el jueves pasado con el decreto ejecutivo.

Las cárceles no dan más. Y, eso lo sabe Pazmiño, quien desde febrero, cuando ingresó a la institución, alistó la hoja de ruta para la intervención del sistema penitenciario en el país.

Pazmiño firmó la resolución que declara la emergencia institucional en concordancia con el decreto del jueves del presidente de la República, Lenín Moreno. 

Este proceso se realizará en tres ejes: infraestructura, seguridad y reducción del hacinamiento, que actualmente alcanza el 41%. Todo aquello se aspira a concretar en un plazo  máximo de 90 días.

En el ámbito de infraestructura y reducción del hacinamiento se prevé construir nuevos pabellones  y talleres ocupacionales en los centros regionales de Turi, Guayas y Latacunga, así como en el Centro de Detención Provisional (CPDP) de El Inca, en Quito.

Para los detenidos por pensiones alimenticias, que actualmente se encuentran en el CDP, se buscará otro lugar para que cumplan el arresto. En Guayaquil, por ejemplo, ya fueron trasladados a otros espacios.

Para incrementar la seguridad se adquirirán nuevos sistemas, entre ellos cámaras y rayos X. Para la emergencia se prevé que se destinen $ 25 millones en la primera fase.

En el caso de los guías de seguridad, se buscará incrementar a mediano plazo a 2.000 nuevos funcionarios. Hasta tanto, los actuales elementos ingresarán a la carrera penitenciaria con jerarquía al estilo de la Policía y mejorarán los sueldos, pasarán de $ 520 a $ 920.

Los guías, familiares y las personas privadas de libertad esperan que la intervención sea efectiva.

Según la comandante de la Zona 8 de la Policía, Tanya Varela, se coordinará con las Fuerzas Armadas para la seguridad en los centros y los militares controlarán el perímetro exterior.

En el centro Libertad, en Riobamba, los controles militares se intensificaron tras el decreto. Sin embargo, en esta cárcel hay problemas de falta de cámaras de vigilancia y los 22 guías no tienen armas de control. (I)