Los brazaletes electrónicos, que el Ministerio de Justicia empleará desde octubre en Guayas y Pichincha, para la vigilancia de personas que por diversos motivos no permanezcan en un centro de rehabilitación, emitirán una alerta ante cualquier intento de vulneración.

Estos dispositivos (5.000 de la primera fase) se los aplicará en individuos con arresto domiciliario (con enfermedades incurables, de la tercera edad, embarazadas) o con prohibición de salida del país, además, en casos de violencia intrafamiliar o en los que existan boletas de apremio.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, explicó que entre los posibles eventos constan alejarse de una zona establecida o irrumpir en una no permitida, por ejemplo, cuando una persona con arresto domiciliario deja su residencia, o cuando un hombre que tiene prohibición de acercarse a una mujer, lo hace.

Con respecto al primer escenario, Zúñiga explicó que la medida permitirá la optimización del recurso humano, es decir, que ya no habrá necesidad de tener policías y otros operadores de justicia al pie de una vivienda o de un hospital.

“Por cada arresto domiciliario se asignan por lo menos 3 agentes que cumplen turnos y hacen relevos (cada uno vigila 8 horas diarias), en ese tiempo dejan a un lado la misión más importante que tienen, garantizar la seguridad ciudadana en las calles”, detalló.

En 2013 se registraron 100 casos de estos en el país, según las estadísticas del Ministerio. Pero también se ahorrarán recursos económicos, dijo Zúñiga ($11 millones), pues el dinero que se emplea para la manutención de esos internos servirá para suplir otras necesidades.

Sobre el uso de las manillas en tipos de alta peligrosidad que recuperen su libertad, idea que se discutió en la Asamblea Nacional antes de la aprobación de Código Orgánico Integral Penal, Zúñiga aclaró que si ya cumplieron su condena, no sería viable la aplicación, sin embargo no lo descartó en forma definitiva.

En referencia a este tema, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Gina Godoy, mencionó que si alguien paga la totalidad de su pena no se le pueden imponer nuevas medidas de caución, y citó el artículo 201 de la Constitución, que indica: “el sistema (de rehabilitación social) tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”.

Funcionamiento del dispositivo

El brazalete formará parte de un sistema de fronteras electrónicas y rastreo satelital, lo que facilitará la inmediata localización geográfica. Está previsto que el monitoreo se lo realice a través del ECU-911 y que este a su vez se contacte con la Unidad de Policía Comunitaria cercana para que los agentes verifiquen lo que sucede, comunicó Zúñiga. La manilla enviará una señal si cruza los límites dispuestos o ante intentos de manipulación.

Acotó que mantener a una persona detenida, en ciertos casos, no es la forma más conveniente para hacerla reflexionar; pero hay otros casos en los que es obligatorio, por lo que cada uno entrará en análisis de los jueces de garantías penitenciarias.

El abogado Pablo Paredes considera beneficiosa la medida, basado en que a varios de sus clientes les dictaron prisión preventiva (por no justificar su lugar de residencia) y él afirma que bien pudieron cumplir con el proceso judicial sin estar en un centro de rehabilitación.

Manifestó finalmente que las autoridades deben orientar a la ciudadanía para evitar discriminaciones por el uso del brazalete y asegurarse de que quienes lo porten no vuelvan a cometer infracciones.