Los abogados de  los procesados en el caso de rebelión policial del pasado  30 de septiembre llegaron desde tempranas horas ayer  hasta el Palacio de Justicia,  ubicado en el centro norte de Quito, para intervenir en la  audiencia preparatoria de juicio de los 47 agentes  implicados.

La jueza Décima de Garantías Penales de Pichincha,  Carmen Baño, presidió la diligencia convocada  como parte del  proceso iniciado  el  6 de octubre del 2010, cuando el fiscal Jorge Cano acusó de rebelión a los gendarmes  que se aglutinaron en el Regimiento Quito Nº 1.

Once meses han transcurrido desde la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010, que dejó como resultado  destrozos  en la dependencia policial.

En un inicio la audiencia estuvo prevista para las 09:30, sin embargo la gran cantidad de policías, abogados, familiares y público  ocasionó que se retrasara   20 minutos.

Luego de que la jueza Baño tomara lista a los acusados  y verificara que todos tuvieran un representante legal, se procedió a las intervenciones de los abogados, en las que pidieron la nulidad del juicio  por haber presuntamente violado los derechos y normas constitucionales.

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de la capitana Paila Argentina Mafla Andrade  vestían camisetas con una foto de la agente  y,   a través  de consignas, pedían que revisen su vida institucional y  su carrera. Los allegados expresaban que ha sido intachable en su carrera profesional.

De los miembros policiales acusados, dos de ellos se encuentran detenidos en la cárcel Nº 4, ellos son Pedro Pablo Angulo   y Jimmy  Camisan Eras (ambos  guardan prisión desde inicios de este año cuando en la audiencia de vinculación la jueza Décima de lo Penal, Rita Bravo, ordenó sus detenciones.

Los 45 policías restantes se encuentran con medidas sustitutivas.

El abogado Bolívar Torres Donoso, representante de algunos implicados, aseguró que muchos de los   acusados fueron detenidos violando el artículo 76 de la Constitución, que garantiza el debido proceso.

Explicó que fueron llevados al Centro de Adiestramiento Canino, en donde con ciertas técnicas de  tortura  eran supuestamente  obligados a dar declaraciones.

Varios abogados presentaron el mismo argumento para sus defendidos y aseguraron que al momento de ser detenidos no había la orden firmada por un juez competente que avale la decisión.

Uno de los procesados es el ex general Florencio Ruiz. Su abogado explicó que durante los hechos del pasado 30 de septiembre, su defendido ejercía como comandante de Occidente  por lo cual  goza de fuero de Corte.

Hasta el cierre de esta edición la audiencia se desarrollaba con la intervención de los abogados defensores.