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El Estado busca recuperar $ 14,3 millones que pagó a los jueces afectados

Ecuador, a las puertas del primer juicio de repetición

Desde el 4 de septiembre la Comisión de Justicia trabaja para la elaboración del informe. John Guevara / El Telégrafo
Desde el 4 de septiembre la Comisión de Justicia trabaja para la elaboración del informe. John Guevara / El Telégrafo
09 de septiembre de 2015 - 00:00 - Redacción Justicia

La Comisión de Justicia de la Asamblea avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que solicitó que en el plazo de 20 días presente un informe que, por primera vez en la historia del país, determine a los responsables de la destitución en diciembre de 2004 de los 27 jueces de la ex Corte Suprema de Justicia y 8 del Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy llamada Corte Constitucional).

Esta acción motivó que los perjudicados acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la que en 2013, tras analizar el caso, falló a favor de los jueces despedidos de ambos organismos, que incluyó el pago de indemnizaciones que sumaron $ 14’376.531.

Por ese motivo, la Asamblea emitirá una resolución para que la Presidenta de la Asamblea Nacional acuda al Procurador General y ejerza el derecho a la repetición que tiene el Estado, con el objeto de recuperar el dinero cancelado por la ilegalidad cometida por los diputados del ex Congreso de 2004.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, recordó que Ecuador es respetuoso de los compromisos internacionales. “Al momento estamos al día en las indemnizaciones ordenadas por la CorteIDH. Ya se cumplió con el segundo pago en el caso Quintana-Coello, referido a los jueces destituidos en diciembre de 2004 por el Congreso Nacional, durante el mandato del presidente Lucio Gutiérrez”, manifestó.

El Estado asumió el pago de la indemnización de $ 12’153.709,39 dispuesto por sentencia de la CorteIDH a favor de los 27 magistrados que interpusieron la queja en ese organismo internacional de justicia.

A la fecha se han realizado 2 pagos de $ 4 millones cada uno y solo falta el tercero, el cual está previsto para abril de 2016. Asimismo, los 8 jueces del Tribunal Constitucional ya recibieron los $ 2’222.822,29, ordenados por la CorteIDH.

El 4 de septiembre, tras recibir el pedido del CAL, la Comisión de Justicia dispuso que la Secretaría de la Asamblea remita copias certificadas de la convocatoria que el expresidente Gutiérrez hizo a la sesión del Congreso para tratar esos temas, así como también las actas de las sesiones donde se trataron estos temas, según dijo a este diario Mauro Andino, titular de la Comisión.

Explicó que es necesario identificar quiénes fueron los diputados que hicieron las mociones para la destitución: “Cuántos votos a favor y los que estuvieron presentes, para a base de ello elaborar un informe y presentarlo al Pleno, para que finalmente la presidenta de la Asamblea pueda presentar la demanda y se ejerza el derecho a la repetición, para recuperar el dinero que el Estado ecuatoriano ha cancelado por ese ilegal, irregular e inconstitucional accionar de los diputados”, dijo.

La asambleísta Gina Godoy también señaló que los 52 diputados que fallaron a favor de la ilegal destitución tendrían que cancelar el dinero al Estado, entre ellos, el actual legislador Gilmar Gutiérrez, hermano del exmandatario.

La Ley de Garantías Constitucionales y Control del Estado y la Carta Magna establecen que los funcionarios respectivos tienen plazo de 3 años, desde que se realizó el primer pago ordenado por la CorteIDH, para iniciar la acción de repetición, y que en caso de no hacerlo serán responsables por omisión.
Por ello, la presidenta de la Asamblea y el procurador general del Estado están en la obligación de presentar las demandas tendentes a recuperar el dinero pagado por esta sentencia de la CorteIDH, debido a las acciones dolosas de los diputados de esa época. “El expresidente Gutiérrez es uno de los responsables”, dijo Andino.

Una vez que la Asamblea determine la identidad de los diputados, se presentará la demanda ante la Corte Provincial de lo Contencioso Administrativo.

Andino aclaró que se hará un juicio de carácter administrativo con el objeto de recobrar los más de $ 14 millones. “Hay que recordar que el artículo 71 de la Ley de Garantías señala que la Corte Provincial es la competente para calificar la demanda y que citará inmediatamente a las personas involucradas, así como a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, y convocará a una audiencia pública que deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días”.

En caso de no pagar al Estado, los implicados en el derecho de repetición serían declarados insolventes y “podría generarse entonces un proceso de carácter penal dependiendo del caso”, explicó Andino. (I)

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