El caso de varias mujeres asesinadas por sus parejas aún cuando tenían una boleta de auxilio no es desconocido. Hasta en el caso de la artista ‘Sharon, la Hechicera’, cuyo conviviente fue sentenciado a 26 años por femicidio, salió a la luz que había solicitado esta medida de protección. Ahora, con la adquisición de dispositivos electrónicos por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estos sucesos podrían evitarse.

El empleo de brazaletes y tobilleras electrónicas para vigilancia de personas está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, destacó que uno de los usos es la medida de protección para víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otros. En estos casos, según precisó la funcionaria, tanto el agresor como la persona agredida llevarían el dispositivo. Si el victimario se acerca, la víctima recibiría una alerta y el sospechoso tendrá un llamado de atención.

El COIP en el artículo 558 establece 12 medidas de protección para víctimas, testigos o participantes en un proceso, y en el artículo 559 menciona que para garantizar el cumplimiento de las que prohíben acercarse, perseguir o intimidar a la persona, el juzgador puede disponer el uso de estas herramientas.

Zúñiga indicó que para regular el uso en estos casos y en otros detallados en la normativa se está elaborando un protocolo. Además, informó que desde enero hasta marzo de 2016 se ejecutará el plan piloto con alrededor de 500 dispositivos. Al momento se analiza la plataforma para la adecuada vigilancia que se realizaría desde el ECU-911, así se aprovecharía la inversión del Estado en cuanto a seguridad.

Luego de ese primer trimestre y hasta diciembre de este mismo año se tiene prevista la utilización de 4.000 brazaletes y tobilleras. Entre otras características, estos cuentan con cámaras para reconocimiento facial, sistema para llamadas y rastreo satelital.

Las alertas serán por salir del perímetro autorizado, por intentar manipular el dispositivo, entre otras. En algunos domicilios será necesario instalar otros artefactos que amplíen la señal satelital, dijo.

Arrestos domiciliarios

“La fase piloto permitirá hacer ajustes de operación, funcionamiento y alarmas. Esta etapa se ejecutará a escala nacional, sobre todo con los casos de arrestos domiciliarios.

“En este momento hay más de 200 casos en el país. En cada uno necesitamos 3 policías mínimo para que cumplan los turnos durante 24 horas. Un policía gana al mes alrededor de $ 910; si multiplicamos eso por los 3 agentes, dan $ 2.730, y si lo dividimos para los 30 días, resulta que hay un gasto diario de $ 91. Cada dispositivo cuesta $ 5 en promedio, lo que significa una reducción notable de gastos. Aparte de que los uniformados regresarán a aportar a la seguridad ciudadana”, enfatizó.

En otra circunstancia en que pueden emplearse es para cuando una persona ha cumplido el 80% de su sentencia. “Este último trata de los sistemas semiabierto y abierto. Tenemos alrededor de 2.000 personas privadas de la libertad (ppl) que cumplen con ese requisito y esas, previo a un informe técnico de seguridad emitido por el Ministerio de Justicia y la resolución de un juez, podrían salir y terminar de cumplir su condena con el uso de este brazalete”, explicó.

Además, informó que en otros casos las personas que usen el dispositivo tendrán lugares definidos a los que podrán movilizarse, por ejemplo a sus trabajos. “Todas estas particularidades serían reguladas a través del protocolo. Incluso estamos pensando que los padres que por primera vez han dejado de pagar una cuota de alimentos también pudieran tener el dispositivo y seguir trabajando para que cumplan con su obligación y no pierdan su trabajo. Siempre que no haya reincidencia”.

Regímenes abierto y semiabierto

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), reiteró que el brazalete tiene doble función: para que las personas que han cumplido parte de su pena y determinados requisitos puedan tener una prelibertad monitoreada, y como una forma alternativa a la prisión preventiva, para garantizar la comparecencia de las personas a la etapa de juicio.

Julio César Cueva, abogado penalista, opinó que este es un avance importante para la justicia de Ecuador, al que no le halla desventajas, sino ventajas. “Para las ppl, porque podrán usar los dispositivos y recuperar su libertad controlada. Aparte hay muchos procesados que se podrán acoger a los sistemas abierto y semiabierto, ya que antes no podían por la falta de estas herramientas”, explicó.

El penalista agregó que también es un beneficio para el Estado, porque habrá menos personas con prisión preventiva y por ende más espacio para los condenados. “Ya no tendrán que vestir, alimentar y curar a estos ciudadanos, lo que significa un peso menos, importante en el presupuesto del Ministerio de Justicia”.

Cueva dijo que hay quienes se muestran en contra por una supuesta estigmatización de las personas; pero si se les preguntaría a quienes lo usen si prefieren el dispositivo o estar en los centros penitenciarios, seguramente preferirían el uso del dispositivo. (I)