Dispositivo electrónico sí será colocado al alcalde Jorge Yunda

El alcalde solicitó fecha y hora para la aplicación del artefacto de monitoreo.
18 de febrero de 2021 15:26

El alcalde Jorge Yunda anunció que está presto a que le coloquen el dispositivo de monitoreo electrónico, dispuesto por la Corte Provincial de Pichincha, como medida cautelar por las investigaciones por presunto peculado en la compra de pruebas PCR para detectar el covid-19 que no habrían llegado.

A través de una carta remitida al presidente de la Corte, Vladimir Jhayya, el Burgomaestre mencionó que está a la espera de conocer la hora y día que establezca la autoridad para recibir el grillete electrónico en su pierna. Hasta las 15:00 de este jueves 18 de febrero de 2021 no se ha confirmado la fecha para la ejecución de la medida cautelar.

Yunda aclaró que el uso del dispositivo le parece “innecesario” porque la Corte también ordenó que se presente periódicamente ante la autoridad competente durante cuatro días a la semana.

En su misiva recordó que Jhayya no nombró dentro del anuncio oral de las medidas cautelares a la obligación de portar el grillete electrónico. Sin embargo, el Alcalde sostuvo que es “respetuoso de la ley y de las decisiones emitidas por las autoridades”.

Yunda está involucrado en un supuesto caso de peculado por la compra irregular de 100.000 pruebas PCR por parte del Municipio para detectar el covid-19 en Quito. El perjuicio para el Estado habría sido de 4’226.800 dólares, según informó la Fiscalía.

En total son seis funcionarios municipales relacionados con el presunto delito de corrupción. La secretaria de Salud, Ximena A., y los procesados Jéssica C. y Marco R. recibieron una orden de prisión preventiva.

Linda G., Daisy H. y Erik A. tendrán que presentarse una vez a la semana en la Unidad de Flagrancia y portar el dispositivo electrónico. Al igual que Yunda, tampoco tienen permiso para abandonar el país.

La instrucción fiscal de la Fiscalía investiga la millonaria compra de pruebas a la empresa Salumed S.A. durante los primeros meses de la pandemia, pese a que no entregó lo acordado. El lote enviado era de pruebas RT Lamp, de menor eficacia para detectar el virus. Según indagaciones previas, las autoridades municipales estaban al tanto de esto.

El peculado se sanciona con 10 a 13 años de cárcel, como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 278. (I)