El informe elaborado por la mesa de JUSTICIA SERÁ LA BASE PARA CONTINUAR LAS INVESTIGACIONES

De la Comisión de Fiscalización depende juicio político a Chiriboga

- 29 de octubre de 2016 - 00:00
Varios allanamientos e incautaciones de propiedades se dieron dentro del caso relacionado con empresas offshore en Panamá y corrupción en Petroecuador.
Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo

El fiscal general, el contralor, el superintendente de Bancos y el director del SRI deberán comparecer a la Asamblea para informar sobre los Papeles de Panamá.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) notificó ayer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la Resolución 2015-2017-226, tomada el jueves, mediante la cual dispone que continúe la investigación sobre el caso de las empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, en base del informe entregado por la Comisión de Justicia.

Conforme a lo resuelto, la Comisión de Fiscalización convocará la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Contraloría General y Servicio de Rentas Internas (SRI), “a fin de que informen sobre las acciones adoptadas respecto a la investigación de las empresas constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales”.

La comisión emitirá el nuevo informe donde determinará los avances de la investigación de cada una de las instituciones relacionadas, así como cualquier omisión o negligencia que pudiera haberse cometido en el procesamiento de los funcionarios y otros actores implicados. Así lo dijo el integrante del CAL, Fausto Cayambe, al señalar que de este informe dependerá si amerita o no un juicio político al fiscal Chiriboga.

Precisó que previo a la resolución del CAL, el bloque legislativo de Alianza PAIS (AP) se reunió el jueves por cerca de 4 horas con la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, y el secretario de Acción Política del movimiento, Óscar Bonilla, en donde se acordó lo que se continúe con la investigación del caso, lo cual fue ratificado por el CAL.

Comparecencias luego del feriado

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, indicó que una vez recibida la notificación, la analizará y revisará el informe elaborado por la Comisión de Justicia para determinar el estado en que se encuentra el proceso de investigación.

Luego de ello se definirá las fechas de las comparecencias a las principales autoridades de la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos y SRI, como lo dispone el CAL, que será luego del feriado.

“Llamaré a los implicados inclusive al propio Pepe Serrano (ministro del Interior), para que nos indique cómo está el proceso y obviamente la investigación; si cumplió todos los procedimientos, porque aquí hay unas dudas y se han dicho muchas cosas”, manifestó.

Por ello insistió en que es necesario revisar, qué ha pasado en el proceso y ésto cotejar con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, “para ver exactamente qué pasó, qué ocurrió y de ser el caso llamar la atención de las autoridades pertinentes y acelerar para que este caso de corrupción no quede en la impunidad”.

Carrión aclaró que ni la Asamblea ni AP no tienen relación política con el fiscal Chiriboga, sino una relación institucional, alrededor de lo que tiene que ver con la administración de justicia. “La relación siempre ha sido en el marco de cumplimiento de sus funciones y de coordinación de trabajo institucional y en el fiscalizador nos corresponde conocer si el fiscal cumplió sus funciones en el caso”, manifestó.

La legisladora de AP, Ximena Ponce, coincidió con Carrión, en el sentido de que las comparecencias de los funcionarios deben darse luego del feriado y aspiró a que los afanes electorales no vayan a interrumpir u obstruir el proceso de investigación de este caso.

De su lado el parlamentario Virgilio Hernández (AP) dijo estar sorprendido por las declaraciones de su compañera de bancada Blanca Arguello, de que se armaría un “cuarto de guerra” para definir la procedencia o no de un juicio político contra el fiscal, por su actuación en el caso Papeles de Panamá y la denuncia de corrupción que pesa sobre el exministro Carlos P. Y.  

“No tiene nada que ver con lo que resolvimos en el bloque luego de analizar durante varias horas. Lo que se quedó es que la Comisión de Fiscalización dé seguimiento a lo que formuló la Comisión de Justicia”, aclaró.

Cayambe lo ratificó y aclaró que un “cuarto de guerra” es una instancia que conforman las organizaciones políticas cuando están en campaña electoral para resolver problemas que se presentan y que ameritan una reacción inmediata. En el caso de AP no existe este “cuarto de guerra”, aseguró. (I)

DATOS

En el primer piso de la Asamblea Nacional se reunió el bloque legislativo de Alianza PAIS la mañana del jueves pasado. El encuentro duró cerca de 4 horas y el objetivo fue conocer los casos: Papeles de Panamá y de Carlos P. Y., y un posible juicio político al fiscal general, Galo Chiriboga.

La secretaria de Gestión Política, Paola Pabón, participó en la cita y dijo que el Ejecutivo respetará la decisión del bloque legislativo. También estuvo presente el secretario de Acción Política de Alianza PAIS, Óscar Bonilla.

El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, explicó de manera detallada a los legisladores oficialistas los alcances del informe elaborado sobre el caso y sus resultados. Ayer se negó a conversar con los periodistas sobre el tema.

Sobre el posible juicio político al fiscal Galo Chiriboga no hay ninguna división en el bloque legislativo, aseguró el legislador Fausto Cayambe, y subrayó que la decisión es que continúen las investigaciones, de las cuales se desprenderán las acciones que se deban seguir.

El asambleísta Mauricio Proaño (PAIS) aseguró a la prensa que un llamado o no al fiscal general a interpelación se lo resolverá exclusivamente en el ámbito legislativo, para lo que se pedirá mayor información sobre su actuación en el caso Papeles Panamá.

Carlos P. Y., exministro de Hidrocarburos y exgerente de la estatal petrolera Petroecuador, está en Estados Unidos y no en España, como las autoridades judiciales lo afirmaron, reveló la mañana de ayer, en una entrevista radial, el ministro del Interior, José Serrano. (I)

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