Crear un Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales. Eso propone la asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, para impedir que los violadores de niños y adolescentes vuelvan a acercarse a las víctimas. Ella presentó un proyecto de ley sobre el tema con 10 artículos y 6 disposiciones.

Según la Dirección Política Criminal de la Fiscalía, entre 2014 y 2017 se reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual, de ellas 3.575 fueron contra menores de edad. De estas cifras, en Ecuador apenas el 15% es denunciado y el 5% es sancionado, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Por eso, el objetivo de la iniciativa de Cuesta es contribuir en la prevención de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, y asegurar un sistema que impida a los agresores relacionarse con ellos.

El registro será creado y manejado por el Ministerio del Interior para lo cual tenderá la información de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia.

“Tendrá los nombres y datos de todos los condenados con sentencia ejecutoriada por cometer delitos de trata de personas, inseminación no consentida, estupro, acoso sexual, distribución de pornografía, violación, abuso, contacto con finalidad sexual, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años, y corrupción de niños y adolescentes”, señala el proyecto.

Esto significa que si una persona está en ese registro no podrá laborar nunca más ni en escuelas y colegios públicos y privados.

La iniciativa, además, señala disposiciones para los jueces que sentencien a una persona por esos delitos. “Ordenará el ingreso al Registro Nacional del condenado, así como su inhabilitación de por vida para ejercer cualquier actividad pública o privada que implique mantener contacto con niños y adolescentes”.

También los centros educativos están obligados a tomar medidas contra los abusadores y violadores sexuales. Toda institución pública o privada exigirá como requisito para la contratación de profesores o de otro personal la presentación del certificado de que no consta en el registro.

Cuesta dijo que otros países ya tienen esos registros de personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Por ejemplo, Chile, El Salvador y Argentina son pioneros en el tema y tienen legislación. Mientras en Colombia y Bolivia están en trámite proyectos de ley como este.

Ella recalcó que Estados Unidos, por ejemplo, tiene la Ley Megan (1996), que autoriza la publicación de los datos de quienes han sido condenados por este tipo de delitos. Pero, además, se difunde esa información para evitar la reincidencia.

En Francia, la Policía tiene autorización para almacenar el ADN de los autores de esos delitos. En Australia se aplica la castración química voluntaria. (I)