La clave está en el modelo controlador del “correato”

- 01 de julio de 2019 - 00:00

Durante los 12 años que se han represado las investigaciones y los informes de Contraloría, la Fiscalía fue liderada especialmente por dos personas: Washington Pesántez y Galo Chiriboga (ver cronología).

Medios Públicos solicitó entrevista con Chiriboga y Pesántez para que digan por qué se represaron en la Fiscalía más de 2.000 informes.

Chiriboga no contestó, mientras que Pesántez argumentó que a partir de la Constitución de Montecristi de 2008, Fiscalía se ha visto mermada en sus atribuciones y controlada, ya no goza de la autonomía que le otorgaba la Carta Magna de 1998.

“Lo hicieron de manera mañosa. Yo dije en su momento, cuando comenzaron a redactar la Constitución ‘cantinflesca’ y acudí como Fiscal General, que no se le debe mermar autonomía y que no estaba bien hacerle parte de la Función Judicial, de un Consejo de la Judicatura diseñado por la Revolución Ciudadana que luego nombró a sus secretarios para que lo administren, nombró a los jueces, defensores y todo”.

Añadió que el Código Orgánico de la Función Judicial igualmente le restó autonomía a la Fiscalía, así como “resoluciones y absurdos filtros seudojurídicos, y el artículo 581, numeral 3, inciso segundo del COIP”, que pone una especie de candado a las investigaciones de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión.

“A consecuencia de esto, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos 10 años: lo diseñaron en tal sentido que, controlando Fiscalía y Contraloría, dominaban todo el sistema penal”. Añadió que este es uno de los motivos para que los casos de peculado y los más grandes en perjuicio del Estado se hayan paralizado.

Además, a la Fiscalía ingresan entre 900 y 1.000 denuncias diarias, lo cual se acumula por la falta de personal. De todas formas, no cree que la demora esté necesariamente en el Ministerio Público: se debe tener en cuenta que si el Fiscal General, provincial o un agente acusan, quien da paso al proceso es el juez penal, y si considera que no hay elementos, “el caso ha muerto”.

Según él, no es obligación del Fiscal General o de los 750 agentes que hay en el país investigar por qué la Contraloría decide iniciar un proceso, “ya que puede tratarse de  informes débiles o de casos de sustracción de $ 300 o $ 400 en un contrato, investigación que le puede costar al Estado $ 3.000”. (I)  

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